El gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Lobby, también denominada Ley de Gestión de Intereses, con el objetivo de regular las negociaciones y vínculos entre actores privados y funcionarios públicos en el proceso de elaboración de leyes, decretos y decisiones estatales.
La iniciativa busca establecer un marco legal para transparentar las reuniones y gestiones que realizan empresarios, organizaciones civiles, representantes extranjeros y particulares que intenten influir sobre decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Según el texto enviado al Congreso, cualquier persona o entidad que quiera intervenir en una discusión vinculada a políticas públicas deberá inscribirse en un registro oficial obligatorio. Además, los funcionarios públicos -desde el presidente hasta asesores de menor rango- tendrán la obligación de informar y registrar reuniones, contactos o conversaciones mantenidas con gestores de intereses dentro de un plazo máximo de cinco días.
El proyecto también incorpora un esquema de “transparencia activa”, mediante el cual esos registros quedarían disponibles para consulta pública.
La propuesta contempla sanciones económicas, administrativas y penales para quienes incumplan la normativa. Entre ellas se incluyen multas de entre 5 y 500 salarios mínimos, suspensión temporal o inhabilitación definitiva del registro de gestores y penas de prisión de seis meses a dos años en casos de falsedad, ocultamiento de información o gestión clandestina de intereses.
En situaciones vinculadas a intereses extranjeros, las sanciones previstas son más severas. El proyecto establece multas de hasta 2000 salarios mínimos y penas de hasta tres años de prisión para quienes actúen sin declarar representación extranjera o interfieran en temas considerados estratégicos.
Para los funcionarios públicos, la falta de registración de reuniones o contactos podría ser considerada falta grave o causal de mal desempeño.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca terminar con las negociaciones “a puertas cerradas” y cubrir un “vacío legal” que actualmente permite que empresas, sectores económicos o particulares influyan sobre decisiones públicas sin mecanismos claros de control ciudadano.
Otro de los ejes del proyecto apunta a limitar la denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado. La propuesta establece que quienes abandonen cargos públicos no podrán inscribirse como gestores de intereses durante un período de 24 meses ante los organismos donde se desempeñaron.
El proyecto generó reacciones diversas dentro del arco político. Mientras desde el oficialismo consideran que la norma representa un avance en materia de transparencia institucional, sectores opositores cuestionan la iniciativa y advierten que podría consolidar desigualdades entre grandes grupos de presión y organizaciones civiles con menor capacidad operativa o jurídica.
En bloques dialoguistas reconocen aspectos positivos de la propuesta, aunque algunos dirigentes señalan que el debate llega “tarde” en relación con normas impulsadas previamente por el oficialismo. Desde sectores del peronismo, en tanto, sostienen que la iniciativa busca respaldar decisiones legislativas tomadas durante la actual gestión y anticipan su rechazo.
