En medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y la eliminación de subsidios al transporte, las empresas de larga distancia denunciaron que el Estado mantiene una deuda superior a los 27.000 millones pesos por compensaciones vinculadas a pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y personas trasplantadas.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer abrió un nuevo frente de conflicto con el sector empresario, que denunció una deuda millonaria acumulada y acusó al Estado de incumplir obligaciones judicializadas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y establece el fin del sistema por el cual el Estado reintegraba parte del costo de los boletos gratuitos otorgados en el marco de distintas leyes de protección social.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) cuestionaron duramente la decisión y aseguraron que el Estado mantiene una deuda superior a los 27.000 millones de pesos con las compañías del sector. Según indicaron, el conflicto lleva más de un año en la Justicia y se agravó por la falta de pagos.
Las empresas afirmaron que el último desembolso recibido por parte del Estado corresponde a noviembre de 2024 y señalaron que, desde entonces, continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año sin recibir las compensaciones correspondientes.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, sostuvieron desde la entidad empresaria a través de un comunicado.
Según detallaron, el último pago recibido correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, las empresas continuaron otorgando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año mientras la deuda estatal siguió acumulándose.
El conflicto escaló además en la Justicia. Días atrás, un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y reconoció una primera liquidación parcial de deuda por 8.753 millones pesos correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Las empresas sostienen que el retiro de compensaciones se da en un contexto de desregulación del sistema de transporte y recorte de subsidios en distintos servicios públicos, lo que incrementó la presión financiera sobre el sector.
Desde Celadi, alertaron que el esquema actual obliga a las compañías a sostener un beneficio social sin respaldo económico estatal y advirtieron que la situación podría afectar la sustentabilidad del servicio de larga distancia.
