El Gobierno envió al Congreso de la Nación los proyectos de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y la de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses (Ley de Lobby). Ambas propuestas ingresaron por la Cámara de Diputados y se suman a las de la derogación del Etiquetado Frontal y prevención de Ludopatía, que ya estaban en el Senado.
Concretados los envíos, el oficialismo tendrá ahora un nuevo desafío: reunir voluntades en la Cámara Baja y Alta para darle luz verde a los proyectos, tal cual lo logró en Diputados con la media sanción a la Ley de Zonas Frías y Ley de Hojarascas.
El Súper RIGI establece un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional. Los proyectos deben cumplir con un monto mínimo de inversión en «activos computables» de al menos mil millones de dólares, con el compromiso de invertir como mínimo el veinte por ciento de ese monto en los dos primeros años.
Quedan expresamente excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización o reutilización de instalaciones preexistentes, priorizando así la creación de nuevos emprendimientos.
Respecto al etiquetado frontal, el Gobierno propone la derogación de la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. Los argumentos oficiales sostienen que el sistema actual genera una «distorsión de la información» para los consumidores, ya que bajo estos parámetros el 85% de los productos del mercado termina con al menos un sello de advertencia.
Esta medida representa un cambio significativo en la política de salud alimentaria implementada en gestiones anteriores.
En materia de ludopatía, el proyecto busca «erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados» y «prohibir el acceso a menores de edad». Además, incluye modificaciones al Código Penal que aumentan la pena de tres a seis años para quienes exploten, administren u organicen sistemas de captación de apuestas sin autorización. Se propone coordinar estrategias de prevención con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La ley de lobby, por su parte, crea un «Registro de encuentros» para transparentar contactos entre funcionarios y privados, así como un «Blanqueo de actores» que incluye empresas, cámaras empresarias, ONGs y sindicatos que busquen influir en leyes o decretos. También contempla el registro de audiencias entre legisladores y representantes de diversos sectores.
