Docentes, estudiantes y referentes políticos se concentran en Plaza Lavalle en reclamo al Poder Ejecutivo aplique la Ley N.º 27.795, frenada por decreto, mientras el conflicto escala a la Corte Suprema.
La comunidad universitaria vuelve a ganar el espacio público. Tras la masiva movilización de hace dos semanas, docentes, estudiantes y autoridades de diversas facultades realizan este martes una jornada de clases abiertas frente al Palacio de Tribunales. La protesta, que se extiende de 11:00 a 17:00 horas, se desarrolla bajo una consigna directa hacia el Poder Judicial: «Señores jueces, que Milei cumpla la Ley».
El objetivo de la medida es visibilizar el fuerte impacto del ajuste presupuestario en los salarios, las becas estudiantiles, los proyectos de investigación y el funcionamiento básico de las altas casas de estudio. «Reclamamos una respuesta urgente», manifestaron desde la organización.
Agenda y figuras presentes
El cronograma de las clases abiertas prevé su momento central a partir de las 15:00 horas, con un panel de expositores que cruza el ámbito académico, sindical y legislativo:
– Natalia Salvo: Abogada laboralista (UBA) y docente universitaria.
– Pablo Perazzi: Antropólogo, docente y secretario general del sindicato FEDUBA.
– Lucía Cámpora e Itaí Hagman: Diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ).
Del otro lado, la gestión del presidente Javier Milei se mantiene firme en su postura de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795). Desde el Gobierno Nacional argumentan que la normativa atenta contra el equilibrio fiscal, sosteniendo que el texto aprobado por el Congreso no especifica de dónde saldrán los recursos (la «fuente de financiamiento») para cubrir los gastos operativos y las mejoras salariales reclamadas.
Para frenar la aplicación de la ley —que ya pasó por cuatro votaciones clave en el Congreso y fue ratificada en dos períodos distintos— el Poder Ejecutivo optó por suspender sus efectos mediante un decreto de necesidad y urgencia, además de apelar sistemáticamente los fallos judiciales adversos.
Con las vías de diálogo político prácticamente agotadas, el conflicto se mudó al terreno judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país, elevó el reclamo a las máximas instancias. Tras presentar un documento formal, la causa quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de emitir un dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la suspensión de la ley.
