El ajuste aplicado por el gobierno nacional sobre el sistema de salud volvió a generar preocupación en distintas provincias, que advierten por el impacto del desfinanciamiento del PAMI y el incremento de la demanda en hospitales públicos. Gobernadores, funcionarios sanitarios y especialistas se unen en que la reducción de recursos nacionales está trasladando mayores costos a los sistemas provinciales de salud.
Luego de que distintas jurisdicciones denunciaran demoras en pagos, reducción de prestaciones y dificultades para sostener convenios con clínicas, sanatorios y hospitales que atienden afiliados del PAMI, el conflicto empeoró. Según plantean desde las provincias, el deterioro del financiamiento nacional está generando una sobrecarga en los servicios públicos locales, especialmente en contextos de aumento de la demanda sanitaria y caída del poder adquisitivo.
El Ministerio de Salud publicó esta semana un comunicado en el cual ratificó «el compromiso de trabajo conjunto para fortalecer el sistema sanitario federal». En esta línea, señaló que continuarán con la provisión de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos.
El texto fue firmado por el ministro de la cartera de Salud, Mario Lugones, 17 ministros de salud provinciales y el representante de dicha área de la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Santa Cruz no aparecen en el comunicado del Consejo Federal de Salud.
Por su parte, Lugones remarcó que «las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones».
PAMI, la obra social más grande del país, concentra la cobertura de millones de jubilados y pensionados argentinos. Sin embargo, la reducción de recursos y prestaciones impacta directamente en la capacidad de atención, sobre todo en el interior del país, donde muchos hospitales públicos funcionan además como principales prestadores de la obra social.
En paralelo, el ajuste económico no solo afecta medicamentos y prestaciones médicas, sino también programas preventivos, infraestructura hospitalaria y acceso a tratamientos especializados.
