El gobierno nacional oficializó un recorte superior a los $78.000 millones en el área de Educación y suspendió partidas destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales, en el marco de una nueva modificación presupuestaria impulsada por la administración de Javier Milei. La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y generó un fuerte rechazo en sectores universitarios y educativos.
Según los registros oficiales difundidos en la planilla anexa del presupuesto, el ajuste alcanza exactamente los $78.768 millones y afecta distintos programas de la Secretaría de Educación. El recorte más importante impacta sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de más de $35.288 millones, principalmente en las transferencias que recibían las provincias para implementar políticas educativas.
Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo destinado a equilibrar los salarios mínimos docentes entre provincias, con una poda cercana a los $8.930 millones. A esto se suma un recorte de más de $21.686 millones en infraestructura escolar y equipamiento, así como una reducción de $6.649 millones en programas de gestión educativa y políticas socioeducativas, incluyendo becas estudiantiles.
La empresa estatal EDUC.AR también quedó alcanzada por el ajuste, con una quita de transferencias estimada en $48.000 millones.
Uno de los puntos que mayor preocupación generó en el ámbito académico fue la paralización de partidas para obras universitarias. El Gobierno recortó más de $5.303 millones destinados a infraestructura en 13 universidades nacionales. Entre las más afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
El anuncio se conoció en simultáneo con la nueva Marcha Federal Universitaria convocada por docentes, estudiantes y autoridades académicas en distintos puntos del país y en paralelo, hospitales universitarios dependientes de universidades públicas advirtieron que atraviesan una situación crítica por la falta de fondos operativos. Instituciones de la Universidad de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Rioja y Nordeste señalaron que los recursos actuales resultan insuficientes para sostener cirugías, internaciones y atención médica.
Desde el Gobierno nacional defendieron la medida bajo el argumento de sostener el superávit fiscal y asegurar “eficiencia” en el gasto público. Sin embargo, el conflicto con el sistema universitario continúa escalando luego de que el Ejecutivo rechazara aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por la Justicia.
