Un informe de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) aporta evidencia que contradice esa narrativa instalada por figuras políticas y señala, en cambio, un problema persistente de subdenuncia y acceso limitado a la justicia.
Según el relevamiento federal del Observatorio de Género de los MPF, las falsas denuncias representan aproximadamente el 0,09% del total de causas penales analizadas entre 2023 y 2025, es decir, alrededor de una causa cada mil. El estudio se basa en más de 8,2 millones de “anoticiamientos” registrados en 17 jurisdicciones del país.
El informe concluye que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, y advierte que los delitos en contextos de violencia de género presentan el problema inverso al que suele instalarse en el debate público: la falta de denuncia.
En esa línea, el estudio señala que el 45% de las mujeres en Argentina declaró haber sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó la denuncia correspondiente. Para los investigadores, este dato refleja un “subregistro estructural” que limita el acceso efectivo a la justicia.
El documento también advierte que agravar las penas por falsas denuncias en estos contextos podría profundizar ese problema: “Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de sub acceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan”.
El informe del MPF buscó además desagregar qué tipo de conflictos se encuentran detrás de las falsas denuncias. Sin embargo, no todas las jurisdicciones cuentan con sistemas de registro suficientemente detallados, lo que el propio estudio identifica como un déficit estructural de información.
Entre las 14 jurisdicciones que sí lograron discriminar los casos, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole -patrimoniales, vecinales o laborales-, mientras que solo el 8% se vincula a violencia de género o intrafamiliar.
En paralelo, en el Senado avanza un proyecto presentado en marzo de 2025 por la senadora Carolina Losada (Juntos por el Cambio), que propone endurecer las penas por falsas denuncias en el Código Penal.
Actualmente, el artículo 245 establece penas de 2 meses a 1 año de prisión o multa por denuncia falsa. La iniciativa plantea elevarlas a entre 1 y 3 años, y hasta 6 años cuando se trate de casos de violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual.
También propone modificaciones en los artículos 247 y 277, con incrementos de pena en casos de falso testimonio o encubrimiento vinculados a esos delitos.
El proyecto cuenta con firmas de legisladores de distintos bloques, entre ellos Mercedes Valenzuela (Eco + Vamos Corrientes), Flavio Fama (Juntos por el Cambio), Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Frente Cambia Mendoza), además de exsenadores ya fuera de mandato.
El debate también llegó a organismos internacionales. En un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, publicado el 25 de febrero de 2026, se recomendó a la Argentina retirar la iniciativa legislativa.
El organismo advirtió que este tipo de reformas puede generar “obstáculos para formular denuncias”, disuadir a las víctimas de buscar protección y afectar la credibilidad de las mujeres en casos de violencia de género.
En Argentina, la Línea 144 brinda atención gratuita, confidencial y permanente para personas en situación de violencia de género. En casos de emergencia, se recomienda comunicarse al 911 o acudir a centros de salud u oficinas judiciales especializadas como la UFEM.
