Un informe interno del Ministerio de Salud revela que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pago sobreprecios de entre 1000% y hasta 4000% en compras de productos como prótesis, silla de ruedas y andadores. La Justicia avanza con nuevas indagatorias y pide peritar el audio de Diego Spagnuolo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desarticulada tras el escándalo de corrupción que estalló en 2025, sigue generando consecuencias judiciales y políticas para el Gobierno. Un documento interno del Ministerio de Salud, fechado en abril de 2025 y al que tuvo acceso el diario La Nación, revela sobreprecios de entre el 1000% y más del 4000% en compras de productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores realizadas por el organismo.
Uno de los casos más llamativos es el de un andador adquirido por $12.150.000, un valor que supera en un 4239% al precio de referencia del mercado. El informe, que ya está en manos de la Justicia, concluye que «el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
Seis empresas están en la mira: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. Entre todas recibieron del Estado la suma de $18.100 millones, distribuidos en 37 facturas relevadas en el informe. La principal beneficiaria fue Farma Salud, con $7.900 millones cobrados. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, fue director general de ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández y deberá declarar este lunes ante la Justicia.
La investigación también apunta al sistema por el cual el organismo elegía sus proveedores. La hipótesis judicial es que el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis) fue manipulado para invitar selectivamente a un grupo reducido de empresas y simular así competencias de precios ficticias. En total, 49 personas fueron llamadas a indagatoria.
Entre quienes declararán esta semana se encuentran también cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de una ortopedia identificada como parte del núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a firmas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Prafarma.
La causa, que investigan el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, busca determinar si existió una asociación ilícita que otorgaba contratos a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% del valor de las compras. Para consolidar la evidencia, Picardi solicitó peritar la voz del exfuncionario Diego Spagnuolo y confirmar la autenticidad de audios en los que se menciona un supuesto «3% para Karina».
