El Gobierno de La Rioja recordó los alcances de la licencia laboral por violencia de género destinada a trabajadoras y diversidades de la administración pública provincial, un derecho contemplado en el Decreto 407/25 que busca garantizar protección laboral, confidencialidad y acompañamiento institucional para personas que atraviesan situaciones de violencia.
La información fue difundida durante una nueva edición de la columna de género de Radio La Torre, donde participaron la directora de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, Gabriela Barrionuevo, y la psicóloga Itatí Carrizo. Allí explicaron el funcionamiento del régimen y remarcaron que se trata de una herramienta orientada a facilitar el acceso a la Justicia y a los tratamientos necesarios sin afectar la estabilidad laboral de las víctimas.
Según detallaron, la licencia permite que trabajadoras estatales puedan ausentarse de sus lugares de trabajo para realizar denuncias, asistir a controles médicos, iniciar trámites judiciales o sostener tratamientos terapéuticos vinculados a situaciones de violencia de género, sin sufrir descuentos salariales.
Barrionuevo explicó que el decreto reglamenta el inciso Q de la Ley Administrativa Provincial y establece un procedimiento específico para solicitar el beneficio. En ese marco, indicó que las personas interesadas deben presentar la denuncia correspondiente ante las áreas de Recursos Humanos de cada organismo, bajo estrictas condiciones de confidencialidad y en sobre cerrado.
“Esta licencia no es un privilegio, es un derecho”, remarcaron desde el organismo provincial. Las funcionarias señalaron que muchas víctimas atraviesan contextos de aislamiento, miedo e inseguridad que dificultan sostener la rutina laboral mientras enfrentan procesos judiciales y emocionales complejos.
De acuerdo con el régimen vigente, inicialmente se otorgan 30 días de licencia, con posibilidad de renovación. Posteriormente, el plazo puede extenderse en función de las medidas de protección dispuestas por la Justicia, llegando en algunos casos hasta los 120 o 180 días.
Por su parte, la psicóloga Itatí Carrizo destacó que uno de los principales objetivos de esta política pública es “despatologizar” la violencia de género. En ese sentido, explicó que anteriormente muchas trabajadoras debían justificar sus ausencias mediante certificados psiquiátricos o diagnósticos médicos, una práctica que terminaba abordando la violencia como un problema individual de salud.
“Lo que atraviesa una persona en contexto de violencia necesita tiempo, acompañamiento y redes de apoyo”, sostuvo la profesional, quien remarcó la importancia de construir mecanismos institucionales que permitan garantizar derechos sin revictimizar a quienes atraviesan estas situaciones.
Gentileza: ADN Riojano – Radio La Torre
