La agencia de recaudación amplió su denuncia ante la Justicia Federal, señalando un mecanismo sistemático de evasión mediante facturas apócrifas que superaría los 289 millones de pesos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la conducción de Andrés Vázquez, presentó este viernes una ampliación de denuncia que escala significativamente la situación judicial de la Asociación del Fútbol Argentino. En esta nueva instancia, el organismo acusó formalmente al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, de liderar una presunta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar el destino de fondos millonarios.
La presentación fue radicada ante el juez Diego Amarante, quien lidera el expediente CPE 1182/2025. La investigación original, que inicialmente se centraba en la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, ha crecido en volumen tras las recientes fiscalizaciones. Según los nuevos datos aportados por el ente recaudador, el perjuicio fiscal detectado en esta etapa asciende exactamente a $289.336.519,66.
El núcleo de la acusación sostiene que la cúpula de la AFA habría utilizado un esquema sistemático de facturación apócrifa para evadir impuestos. Para ARCA, no se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo financiero recurrente implementado entre los años 2023 y 2025. El objetivo de estas maniobras habría sido simular gastos y desviar fondos públicos y privados, evitando así las retenciones correspondientes de manera organizada.
La investigación puso la lupa sobre las operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza, tras realizar minuciosos cruces de información bancaria. Los sabuesos fiscales detectaron pagos de la AFA a un grupo de empresas que presentaban graves irregularidades estructurales. Muchas de estas compañías ya integraban la base de contribuyentes calificados como “no confiables” por el organismo, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra premeditada.
Además de Tapia y Toviggino, la ampliación de la denuncia alcanza a otros nombres de peso en la estructura del fútbol argentino. Entre los dirigentes bajo sospecha se encuentran el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Para el organismo recaudador, existen “indicios graves, precisos y concordantes” que comprometen a toda la línea jerárquica en la ejecución de este presunto fraude al Estado.
Ante la contundencia de los hallazgos, Andrés Vázquez solicitó formalmente que el juez Amarante cite a declaración indagatoria a todos los involucrados. Asimismo, se instó a la Justicia a profundizar el rastreo de la estructura financiera utilizada para estas operaciones, buscando determinar si el esquema de facturas truchas posee ramificaciones aún mayores dentro del entramado económico de la institución madre del fútbol local.
