La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complicó en las últimas horas tras conocerse nuevos detalles sobre sus erogaciones personales.
De acuerdo con la declaración testimonial prestada el lunes pasado por el contratista Matías Tabar, el funcionario habría destinado aproximadamente 14 millones de pesos a la renovación del mobiliario de su departamento en el barrio porteño de Caballito. Este testimonio resulta clave, ya que Tabar fue el encargado de realizar las refacciones en la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Ante la contundencia de estos datos, el juez Ariel Lijo ordenó este mediodía el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida busca determinar si el patrimonio y los ingresos declarados por el matrimonio guardan correlación con el nivel de gastos exhibido. En sintonía con estas actuaciones, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular de Tabar para analizar las comunicaciones mantenidas con el funcionario, al tiempo que se dispuso la revisión de las llamadas y mensajes del periodista Marcelo Grandio, estrecho amigo del jefe de ministros.
En el plano de las maniobras financieras, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, quien se encuentra bajo la lupa por la compra-venta del inmueble en Capital Federal. Miano es hijo de una de las jubiladas que habrían actuado como prestamistas en la transacción y es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra mujer involucrada y sindicado como el gestor de la operación.
La investigación cobra mayor relevancia tras las recientes declaraciones de testigos que aportaron facturas y comprobantes. Según la documentación recolectada, tanto la adquisición de inmuebles como los costosos viajes al exterior del funcionario se habrían iniciado de forma sistemática a partir de su ingreso a la función pública en el Gobierno Nacional.
