Si algo le faltaba al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), en medio de la fragilidad política que atraviesa por el escándalo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, era la aparición de un nuevo foco de controversia. En este caso, se trata de una licitación pública que habría sido direccionada para beneficiar a María Josefina Rouillet, pareja del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La polémica gira en torno a un contrato por $114.044.133 destinado a la enseñanza de inglés a un grupo reducido de empleados de la Cancillería. Según una investigación periodística difundida en los últimos días, el proceso de adjudicación no habría sido transparente, sino que habría estado diseñado de antemano para garantizar que la empresa vinculada a Rouillet fuera la única oferente en condiciones de quedarse con el contrato.
La denuncia cobró fuerza a partir de la difusión de comunicaciones internas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en las que se evidenciaría que los pliegos de la licitación estaban definidos meses antes de su publicación oficial. Uno de los correos más relevantes corresponde al coordinador de Compras de Cancillería, Mariano Méndez, quien habría instruido a una subordinada a avanzar con la convocatoria “conforme la que preparamos al inicio del año”. Este mensaje sugiere que las condiciones del proceso ya estaban previamente establecidas, lo que pone en duda la existencia de una competencia real.
El caso fue expuesto por el programa “Telenueve Denuncia”, que señaló que la adjudicación a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa —dirigida por Rouillet— habría sido el resultado de un procedimiento armado para garantizar un único oferente. De confirmarse, esto implicaría una grave irregularidad administrativa y un posible caso de favoritismo dentro de la gestión pública.
El mecanismo utilizado para concretar la contratación fue el de “Adjudicación Simple por Especialidad”, una modalidad que, si bien está contemplada en la normativa, requiere de estrictos controles cuando existen posibles conflictos de interés. En este caso, el vínculo directo entre la beneficiaria y el ministro Sturzenegger obligaba a activar protocolos de integridad, con la intervención de organismos como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El contrato en cuestión contemplaba un plazo de nueve meses, con posibilidad de prórroga por un período similar, y estaba orientado a brindar capacitación en idioma inglés al personal diplomático. El monto, equivalente a unos 78.000 dólares al tipo de cambio de ese momento, también generó cuestionamientos, especialmente en un contexto de ajuste del gasto público.
Otro de los puntos críticos señalados por la investigación es que Rouillet habría tenido acceso anticipado a los detalles del pliego licitatorio, semanas antes de su difusión oficial. Esta situación, de comprobarse, no solo comprometería la transparencia del proceso, sino que también vulneraría los principios básicos de igualdad y libre competencia en la contratación pública.
El caso suma tensión a un escenario político ya complejo para el oficialismo, que enfrenta cuestionamientos en distintos frentes. Mientras tanto, crecen los pedidos de explicaciones y de una investigación exhaustiva que permita esclarecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
