El Tribunal declaró su competencia en la causa planteada por Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional, por la disolución de un fondo destinado a esa finalidad. El planteo se suma a otro presentado por Greenpeace. El gobierno deberá responder en un plazo de 60 días.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió su competencia originaria en las demandas presentadas por Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el decreto 888/24 del Gobierno nacional, que dispuso la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). El máximo tribunal corrió traslado al Estado Nacional —a través del Ministerio de Economía— para que responda en un plazo de 60 días.
El Fobosque había sido creado por ley en 2018 para implementar medidas de protección de los bosques nativos en el marco del Acuerdo de París, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración de los recursos destinados a la conservación y fortalecer la capacidad provincial para ejecutar proyectos de restauración y manejo sostenible.
Las provincias demandantes sostienen que la disolución implica una transferencia ilegítima al Tesoro Nacional de fondos con asignación específica, que corresponden al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, sancionada en 2007. Reclaman que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto y que se restablezca la plena vigencia de ese fondo.
Buenos Aires denunció además que el Estado no transfirió los montos correspondientes a 2023 y 2024, y pidió una medida cautelar para que se ordene su pago inmediato con intereses. La Rioja, La Pampa y Santiago del Estero presentaron planteos análogos. La Corte, en línea con el dictamen de la Procuración General, evaluará la cautelar una vez que el Estado responda o venza el plazo otorgado.
El caso se suma a una denuncia previa de Greenpeace, que alertó que en 2025 la pérdida de bosques en el norte del país creció un 40%, con 210.702 hectáreas afectadas por desmontes e incendios. La organización también advirtió que se impulsan modificaciones a la Ley de Bosques para permitir más desmontes, comprometiendo el objetivo de Deforestación Cero para 2030 asumido en la Cumbre de Glasgow.
