El Ministerio de Ministerio de Capital Humano presentó los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 9.421 personas en esa condición en 19 provincias del país. El informe ofrece una primera radiografía federal del fenómeno, aunque no incluye distritos como la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja, lo que limita su alcance total.
El operativo fue coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y se desarrolló tanto en espacios públicos como en dispositivos de alojamiento, como refugios y paradores. En total se realizaron 7.894 entrevistas que permitieron construir un perfil socioeconómico de la población relevada.
Según los datos oficiales, el 83% de las personas en situación de calle son varones y el 17% mujeres. En términos etarios, el 92% es mayor de 18 años, mientras que el 6% corresponde a menores. Un dato relevante es la persistencia del fenómeno: el 32% lleva más de dos años en esta situación.
El informe también destaca que el 90% de las personas relevadas cuenta con Documento Nacional de Identidad, lo que, según el Ministerio, abre la posibilidad de acceso a políticas públicas. Sin embargo, la situación laboral refleja una alta vulnerabilidad: el 53% realiza alguna actividad económica, mayormente informal, mientras que el 56% percibe transferencias sociales y el 30% ingresos previsionales. Solo un 8% declara otras fuentes de ingreso.
En el plano educativo, el 52% finalizó la primaria pero no completó el nivel secundario, lo que evidencia trayectorias de exclusión en el acceso a la educación formal.
Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello señalaron que el relevamiento se enmarca en la Ley 27.654 y remarcaron que el objetivo es fortalecer la planificación de políticas públicas basadas en evidencia. En ese sentido, destacaron un cambio de enfoque en la intervención estatal: pasar de la asistencia de emergencia a estrategias más integrales y coordinadas entre Nación, provincias y municipios.
El informe advierte además que, más allá de los datos cuantitativos, la problemática incluye situaciones complejas como deterioro de vínculos familiares, problemas de salud y consumos problemáticos, lo que dificulta los procesos de inclusión social y sostenibilidad de las intervenciones estatales.
