El Gobierno nacional busca revertir el freno judicial a la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario por “salto de instancia” ante la Corte Suprema. La estrategia apunta a dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos de la Ley 27.802.
El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802.
La presentación, firmada por la Procuración del Tesoro, apunta directamente contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que había hecho lugar al planteo de la CGT y frenado parcialmente la aplicación de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo.
En el escrito, el Estado Nacional no sólo pide que se revoque la cautelar, sino que además solicita que la Corte intervenga de manera urgente y suspenda los efectos de la decisión judicial.
El Gobierno sostiene que el fallo implica, en los hechos, paralizar una ley votada por el Congreso y advierte que ningún juez tiene facultades para suspender normas con alcance general.
Desde esa perspectiva, acusa al magistrado laboral de haber avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo, al dictar una medida con impacto sobre todos los trabajadores y empleadores del país.
El recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el Gobierno es una herramienta legal procesal que permite saltar instancias judiciales intermedias para llevar una causa directamente ante el tribunal de máxima jerarquía, sin tener que esperar a que se agoten las apelaciones en las cámaras de apelaciones.
La Corte Suprema deberá ahora decidir si acepta tratar el caso por esta vía excepcional. Una eventual intervención rápida podría reconfigurar el escenario jurídico en cuestión de semanas, mientras que un rechazo implicaría que la causa continúe su curso ordinario, con tiempos mucho más extensos.
El expediente también se cruza con disputas de competencia entre distintos fueros, lo que agrega un nivel extra de complejidad.
El per saltum aparece como una apuesta fuerte del Gobierno para evitar que la reforma quede atrapada en lo que ellos entienden como “un laberinto judicial”.
La resolución del máximo tribunal marcará un precedente relevante sobre el alcance de las medidas cautelares y el equilibrio entre los poderes del Estado, en un momento donde cada movimiento judicial tiene impacto directo en la agenda política y económica.
