Un audio vincula a empresarios farmacéuticos con el pago de u$s70.000 para el acto de Javier Milei en el Movistar Arena. La Justicia investiga si ese dinero es parte de los retornos de una estafa de $75.000 millones en la ANDIS. Piden indagatoria para el director del organismo, Diego Spagnuolo.
La justicia investiga si unos u$s70.000 aportados por empresarios del sector salud para el show de Milei en el Movistar Arena provienen de un esquema de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Piden indagatoria para Diego Spagnuolo y más de 20 empresarios por un desfalco de $75.000 millones.
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha escalado hasta golpear las puertas de la Casa Rosada. Un nuevo audio, difundido por el periodista Raúl Kollmann, revela una presunta conexión entre el financiamiento de la campaña de Javier Milei y una red de corrupción que operaba con medicamentos e insumos de alto costo.
Según la grabación, empresarios farmacéuticos bajo la lupa judicial habrían aportado u$s70.000 para costear el alquiler del Movistar Arena el pasado 6 de octubre de 2025. En aquel evento, el presidente presentó su libro y brindó un show musical, apenas días antes de las elecciones generales. En ese contexto, el posible financiamiento del acto político suma un nuevo capítulo a una trama que combina política, negocios y fondos públicos.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones en reiteradas ocasiones y las calificaron como operaciones políticas, mientras la investigación continúa en la Justicia sin resoluciones definitivas.
Avanza la causa judicial
En paralelo, la fiscalía solicitó nuevas indagatorias en el expediente. Entre los apuntados figuran Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, junto a más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con un esquema que incluía direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos ilegales en contrataciones que superaron los 75 mil millones de pesos.
Impacto en el sistema de salud
Los hechos adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados, como prótesis, implantes y equipamiento para personas con discapacidad, gestionados a través del programa Incluir Salud.
Según la fiscalía, este programa habría sido utilizado para canalizar recursos públicos hacia proveedores específicos mediante prácticas irregulares, afectando tanto al Estado como a sectores vulnerables que dependen de estas prestaciones.
Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales, en una investigación que sigue escalando y que ya tiene impacto directo en el escenario político nacional.
