Este lunes se presentarán una prestamista y su hija. El jueves otras dos irán a Comodoro Py. La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.
La Justicia tomará esta semana una serie de testimoniales que pueden marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario deberán presentarse este lunes en los tribunales de Comodoro Py y otras dos el jueves.
La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.
Las declaraciones se darán en un contexto de avance de medidas de prueba, con levantamiento de secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. El foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en la lógica financiera de los acuerdos.
En paralelo, el expediente ya incorporó gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que la Justicia intenta contrastar con los ingresos declarados por Adorni.
Control sobre el origen de los fondos
Este lunes deberán declarar una mujer y su hija que aparecen como prestamistas de un crédito en dólares otorgado al funcionario. Según consta en la causa, el monto fue de US$100.000 y estuvo respaldado con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
La fiscalía analiza si ese préstamo, que habría sido pactado con una tasa de interés y un esquema de pagos, se corresponde con la situación patrimonial de quienes lo otorgaron. Para eso, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información a organismos oficiales.
El objetivo es establecer si las acreedoras tenían capacidad económica real para financiar la operación. También se busca determinar si los fondos pueden ser trazados y si existió una relación consistente entre ingresos, patrimonio y el dinero involucrado.
Las dos mujeres deberán presentarse con documentación que respalde sus declaraciones, en una instancia clave para validar o descartar la hipótesis bajo investigación.
El jueves, el turno de las vendedoras del departamento de Caballito
La segunda parte de la semana estará enfocada en otras dos testigos. Se trata de las mujeres que vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete y que, al mismo tiempo, quedaron como acreedoras de una hipoteca.
Según el expediente, la operación se realizó con un pago inicial de US$30.000 y un saldo de US$200.000 a cancelar en el plazo de un año, sin intereses. Ese esquema es uno de los puntos que generó dudas en la fiscalía.
En este caso también se levantó el secreto fiscal y se pidió información detallada sobre su situación económica. La intención es verificar si estaban en condiciones de otorgar ese tipo de financiamiento.
Además, deberán facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares. La fiscalía busca relevar mensajes, audios, correos y registros de llamadas vinculados a la operación inmobiliaria.
Una causa que suma pruebas
Las testimoniales de esta semana se inscriben en una investigación más amplia que ya incluyó declaraciones de otros actores, pedidos de documentación y análisis de gastos en dólares.
Entre los puntos bajo estudio aparecen pagos vinculados a propiedades, viajes y consumos personales. La Justicia intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario en los últimos años.
También analiza la estructura de financiamiento utilizada en la compra de inmuebles, en particular los acuerdos con hipotecas entre privados y sin condiciones habituales de mercado.
El expediente se originó a partir de una denuncia que planteó inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial podrá ser aclarada con la información oficial.
