La Justicia avanza sobre las inconsistencias en el patrimonio del Jefe de Gabinete, centrando la investigación en la sospechosa compra de un inmueble en Caballito con préstamos de jubiladas.
El blindaje mediático del que goza la Casa Rosada no parece ser suficiente para frenar el avance de la Justicia Federal. En las últimas horas, una serie de operativos ordenados por el fiscal Gerardo Pollicita sacudieron el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: tres firmas fueron allanadas para intentar desentrañar la oscura ingeniería financiera detrás del departamento que Manuel Adorni posee en la calle Miró, en el corazón de Caballito.
La causa, que investiga al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, dio un giro tras la declaración de la escribana interviniente. Los investigadores buscan confirmar si los valores declarados en la transacción coinciden con la realidad del mercado o si, por el contrario, forman parte de una maniobra de subfacturación para ocultar fondos de procAedencia dudosa.
El punto más escandaloso de la pesquisa recae sobre el origen de los fondos. Según consta en el expediente, el vocero devenido en ministro habría financiado su propiedad mediante «préstamos privados» otorgados por cuatro mujeres. Lo insólito es que el perfil económico de estas supuestas prestamistas, jubiladas y empleadas públicas, no guarda ninguna relación lógica con las abultadas sumas de dinero que le habrían cedido al funcionario nacional.
Mientras la gestión de Javier Milei predica una austeridad que solo recae sobre las mayorías, la vida de lujo de Adorni queda bajo la lupa pública. La Justicia no solo mira ladrillos: también se ordenó el levantamiento del secreto bancario para auditar gastos que el sueldo estatal no alcanza a explicar, incluyendo recurrentes vuelos privados a destinos como Nueva York y Punta del Este. El relato de la «limpieza» estatal choca, una vez más, con la realidad de los expedientes.
