En un contexto de creciente preocupación por el impacto de los teléfonos móviles en el ámbito educativo, distintos países avanzan con medidas para limitar su uso en las aulas y regular el acceso de niños y adolescentes a entornos digitales. El eje del debate gira en torno a la disminución de la concentración, el rendimiento académico y los riesgos asociados a la exposición temprana a internet y redes sociales.
Uno de los casos más resonantes es el de Australia, que en diciembre pasado se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. A esta decisión se sumó Indonesia, que el 28 de febrero implementó una medida similar, marcando un precedente en el sudeste asiático.
En paralelo, Países Bajos adoptó un enfoque distinto: desde enero de 2024 rige una regulación que prohíbe el uso de dispositivos con acceso a internet dentro de las aulas, tanto en nivel primario como secundario. La restricción también se extiende a recreos y actividades escolares, aunque no se trata de una ley formal, sino de un acuerdo entre el Estado, las instituciones educativas y las familias.
Los primeros resultados de esta política sugieren efectos positivos. Un estudio realizado en 317 escuelas indicó que 237 estudiantes percibieron una mejora en la concentración, mientras que 211 señalaron un mejor clima social y 105 observaron un incremento en su rendimiento académico. En línea con estos datos, la UNESCO informó que al menos 114 sistemas educativos en el mundo -equivalentes al 58%- ya aplican restricciones al uso de celulares en las escuelas.
El debate también se extiende al uso de redes sociales. El gobierno neerlandés impulsa actualmente una propuesta para restringir el acceso a menores de 16 años y establecer un límite etario mínimo de 15 años en toda la Unión Europea para plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat. El argumento central sostiene que, así como los Estados regulan el acceso al alcohol o los juegos de azar, también deberían intervenir frente a plataformas diseñadas para generar conductas adictivas.
En términos de percepción social, una encuesta de UNICEF realizada a más de mil niños y adolescentes en Países Bajos reveló que el 69% apoya la prohibición de redes sociales para menores de 18 años, mientras que un 28% considera que deberían estar completamente vedadas para menores de 12. A su vez, un relevamiento de la consultora Newcom mostró que el respaldo a límites de edad entre jóvenes de 16 a 28 años creció del 44% al 60% en el último año.
En Brasil, la discusión tomó forma legislativa. El 17 de marzo se implementó el denominado “Estatuto Digital del Niño y del Adolescente”, una normativa que establece nuevas obligaciones para usuarios y plataformas. Entre sus principales disposiciones, exige que menores de 16 años vinculen sus cuentas a un tutor legal, obliga a las empresas a mejorar los sistemas de verificación de edad y prohíbe herramientas que fomenten el uso compulsivo, como el desplazamiento infinito o la reproducción automática de contenidos. Además, impone la eliminación obligatoria de contenidos vinculados a explotación sexual infantil y prevé sanciones que pueden alcanzar los nueve millones de dólares, junto con suspensiones o prohibiciones en caso de incumplimiento.
Sin embargo, el impacto de estas medidas aún genera interrogantes. En Países Bajos, el Consejo de Investigación analiza si la restricción del uso del celular durante la jornada escolar podría derivar en un consumo más intensivo fuera del horario de clases.
Desde el ámbito académico, especialistas advierten sobre la complejidad del fenómeno. Manuel Becerra, docente de la Universidad Nacional de San Martín, señaló que el uso del celular en clase genera distracciones constantes debido a las notificaciones, lo que dificulta la concentración en los contenidos. No obstante, matizó que, en contextos pedagógicos específicos, el dispositivo puede convertirse en una herramienta útil para promover la reflexión crítica sobre su propio uso.
En relación con las redes sociales, Becerra sostuvo que resulta necesario limitar el acceso de los menores, regular las dinámicas adictivas y avanzar en la construcción de marcos normativos que contemplen los entornos digitales dentro de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, subrayó que cualquier estrategia efectiva debería articular tanto la regulación de las grandes plataformas como el trabajo educativo en las escuelas.
