A través de un anuncio por redes sociales, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó el envío de un proyecto que busca reinstalar el modelo de encierro y monovalentes, ignorando los derechos conquistados y la falta de inversión en las provincias.
Bajo el eufemismo de una «actualización», la administración de Javier Milei se prepara para dar un golpe letal a una de las legislaciones más progresistas en materia de derechos humanos de la región. El proyecto impulsado por el ministro Mario Lugones pretende modificar la Ley de Salud Mental de 2010 para introducir conceptos que, lejos de mejorar la atención, amenazan con patologizar a los pacientes y facilitar las internaciones involuntarias, devolviendo al sistema a una lógica de control en lugar de cuidado.
El corazón de la propuesta apunta a reinstalar el modelo de hospitales monovalentes, frenando el proceso de desmanicomialización que buscaba integrar la salud mental en los hospitales generales. Esta decisión es una confesión de fracaso: ante la incapacidad de invertir en una red de atención comunitaria y en equipos interdisciplinarios en todo el país, el Estado Nacional opta por la solución más arcaica y segregatoria, fortaleciendo las instituciones de encierro que tanto daño han causado históricamente.
Para La Rioja y el resto de las provincias, este cambio de paradigma llega en el peor momento. Mientras la Casa Rosada ajusta las transferencias de salud, el nuevo proyecto busca «clarificar criterios» para facilitar que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria, extendiendo además los plazos de notificación judicial. Se trata de un avance peligroso sobre las libertades individuales que, en un contexto de desfinanciamiento provincial, dejará a las familias riojanas sin alternativas de tratamiento ambulatorio y a merced de un sistema que prioriza el aislamiento por sobre la rehabilitación.
La intención de sumar áreas políticas como el SEDRONAR al Órgano de Revisión no es más que un intento de intervenir los organismos de control para quitarles autonomía. En lugar de garantizar los recursos para que las 23 jurisdicciones puedan cumplir con la ley vigente, el Ejecutivo central prefiere cambiar las reglas de juego para adaptarlas a un modelo de ajuste. Mientras en nuestra provincia se lucha por sostener servicios básicos con presupuestos asfixiados, desde Buenos Aires proponen diagnósticos más rígidos y criterios de peligrosidad que solo sirven para estigmatizar a los sectores más vulnerables.
