La Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue convocada para sesionar este miércoles 8 de abril con el objetivo de retomar el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto de fuerte presión política y creciente preocupación ambiental.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y sectores vinculados a la actividad extractiva, propone redefinir los límites de las áreas protegidas para habilitar el desarrollo de proyectos mineros en zonas que actualmente se encuentran restringidas. La confirmación de la fecha llegó tras una serie de acuerdos parlamentarios de último momento, en medio de un renovado interés económico por recursos como el litio y el cobre.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la modificación del concepto de área “periglacial”. Desde el sector minero sostienen que la definición vigente es demasiado amplia y actúa como un freno para inversiones estratégicas que podrían generar divisas. En contraposición, especialistas y organizaciones ambientales advierten que cualquier cambio podría comprometer las principales reservas de agua dulce del país.
Fuentes legislativas que respaldan la reforma señalaron que resulta “fundamental” brindar previsibilidad a las inversiones de largo plazo y establecer mayor claridad científica sobre qué zonas deben permanecer protegidas y cuáles podrían integrarse a la actividad productiva bajo controles ambientales.
Mientras cámaras empresarias anticipan la posible reactivación de proyectos en la región cordillerana, organizaciones sociales y ambientales convocaron a movilizaciones frente al Congreso para la misma jornada.
Desde los bloques que apoyan la modificación remarcan la necesidad de avanzar en un equilibrio entre la protección ambiental y el crecimiento económico, argumentando que el país no puede continuar postergando el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Se prevé una sesión extensa, con posiciones divididas incluso dentro de los bloques dialoguistas, lo que mantiene abierto el resultado de la votación hasta último momento.
