Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la caída de la recaudación y de la coparticipación generó un aumento de la conflictividad laboral en las provincias. En ese contexto, El Gobierno busca contener la situación con adelantos de fondos coparticipables.
La caída del consumo y de los ingresos fiscales comenzó a impactar de lleno en las provincias y ya se traduce en un aumento de los conflictos laborales. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al que tuvo acceso Agencia de Noticias La Rioja y que describe un efecto en cadena: menos actividad económica, menor recaudación, caída de la coparticipación y, como consecuencia, mayor tensión en el sector público.
Según el estudio, durante el primer trimestre de 2026 los Recursos de Origen Nacional (RON) registraron una caída promedio del 6,1%, mientras que la Coparticipación Federal se redujo un 8%. A esto se suma un deterioro sostenido desde el cambio de gestión nacional: los recursos propios de las provincias acumulan una baja real del 7,3% en comparación con el período comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023.
El informe también destaca que en enero de 2026 los Recursos de Origen Provincial (ROP) cayeron un 3,5% interanual en términos reales. En ese marco, los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) tuvieron un peso marginal: en 2025 no superaron el 2% del total de recursos provinciales, por lo que no lograron compensar la caída de ingresos.
La situación se vuelve más crítica si se tiene en cuenta la estructura del gasto provincial. Entre el 70% y el 80% se destina a servicios sociales, como salarios de docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y jubilaciones. La reducción de recursos, por lo tanto, impacta directamente en estos sectores.
Como resultado, el CEPA señala que todas las provincias registran conflictos en áreas clave como educación, salud, seguridad, justicia y sistema previsional. En lo que va de 2026 ya se contabilizan al menos 92 conflictos laborales estatales, de los cuales más del 80% siguen activos.
Frente a este escenario, El Gobierno impulsa un esquema de adelantos de coparticipación para 12 provincias, entre ellas La Rioja, con un tope de 400.000 millones de pesos. Estos fondos deberán devolverse dentro del mismo año, con una tasa del 15%.
Para los especialistas, esta asistencia funciona como un alivio transitorio, pero no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, advierten que compromete recursos futuros y profundiza la dependencia financiera de las provincias, en un contexto de caída general de la actividad económica.
