Miles de personas, pertenecientes a agrupaciones del Frente de Todos y ciudadanos marcharon, este martes hacia el Juzgado Federal para manifestar su apoyo a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner. En la oportunidad expresaron que existe un ataque judicial y mediático en busca de anular políticamente a la líder del Frente de Todos.
Durante el acto realizado en la plaza principal se leyó un pronunciamiento y luego se desarrolló la marcha donde participaron más de 3 mil personas pertenecientes a diferentes agrupaciones sociales y partidos políticos que integran el Frente de Todos.
En el pronunciamiento leído por Argentina López, de la Asociación de Ex Presos Políticos y José Delgado, Juventud Quintelista, se expresó, entre otras cosas, que “ante el feroz ataque judicial y mediático del que está siendo víctima la compañera vicepresidenta de la Nación …hemos decidido movilizarnos y defenderla hasta las últimas consecuencias”.
En ese sentido, se manifestó que “que el país está siendo testigo del más injusto juicio de la historia judicial de la República Argentina”. “El proceso penal en su contra se ha convertido en una siniestra seguidilla de irregularidades que ha vulnerado completamente los procedimientos y garantías constitucionales”, indicaron.
A lo que sumaron que “ha quedado en evidencia que el fiscal y los jueces de la causa actúan como militantes del ‘Partido Judicial’ creado por Macri con quien mantienen una relación de amistad”.
“No cabe dudas que pretenden condenarla y anularla políticamente porque Cristina representa los intereses populares, pero el pueblo movilizado no lo permitirá, la defenderá junto al estado de derecho y la democracia”, expusieron.
Por último, enfatizaron que “vienen por ella para avanzar sobre los derechos del pueblo…nos uniremos en defensa de ella, en defensa propia y del pueblo argentino
Cabe destacar que la manifestación en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es debido al pedido de condena de 12 años que recibió en el juicio oral que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
