Documentos contables oficiales revelan que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa, lo que contradice la versión oficial sobre un supuesto deterioro previo.
Según los informes, la obra social no solo presentaba resultados positivos, sino que además mostraba indicadores de crecimiento sostenido. El ejercicio económico registraba aumentos en el patrimonio, mejoras en la liquidez y un flujo de efectivo favorable, lo que evidenciaba una estructura financiera sólida hacia 2023.
Este escenario, lejos de reflejar una crisis heredada, describe una institución con margen operativo y capacidad de respuesta frente a un contexto inflacionario complejo. Sin embargo, esa situación se habría modificado rápidamente en los meses posteriores.
Distintas voces vinculadas al organismo advierten que, tras el cambio de gestión, se produjo un deterioro progresivo que derivó en problemas concretos para los afiliados. Entre ellos, la suspensión de reintegros y dificultades en el acceso a prestaciones médicas, lo que impactó directamente en personal activo y retirado de las Fuerzas Armadas.
En paralelo, también surgieron denuncias judiciales que apuntan a un presunto vaciamiento de la obra social. La diputada Lourdes Arrieta llevó el caso a la Justicia, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo de los fondos, incluyendo endeudamiento creciente y uso de recursos.
Dentro del propio IOSFA, fuentes señalan que no solo se habría consumido el superávit inicial, sino que además se tomaron préstamos millonarios que incrementaron el pasivo del organismo. Esta combinación de factores terminó generando una crisis que hoy se refleja en cortes de servicios y reclamos de afiliados en distintos puntos del país.
El contraste entre una situación financiera favorable al inicio de la gestión y el escenario actual abre interrogantes sobre las decisiones adoptadas en el Ministerio de Defensa. Mientras la causa avanza en los tribunales, el futuro de la obra social de los militares sigue envuelto en incertidumbre.
