Efectivos de la Policía Federal atacaron a familias y personas con discapacidad que intentaban instalar un refugio frente a la Casa Rosada. Denuncian deudas asfixiantes en PAMI e Incluir Salud que dejan a miles sin terapias ni educación.
La Plaza de Mayo fue escenario de una jornada de violencia institucional cuando la Policía Federal arremetió contra un grupo de familias, trabajadores y personas con discapacidad. El colectivo, agrupado en el Foro por la Discapacidad, intentaba iniciar un acampe por tiempo indeterminado para visibilizar una crisis que ya consideran terminal.
En un acto de absoluta falta de sensibilidad, la fuerza policial avanzó sobre los manifestantes mientras intentaban armar un gazebo para protegerse del clima. El saldo de la tensión fue indignante: agentes empujaron a una joven en silla de ruedas y destruyeron la precaria estructura que servía de base para la protesta.
«Vienen y la atacan a ella, me atacan a mí… no les importa nada», relató con angustia el padre de la joven agredida ante las cámaras de un medio nacional, mientras intentaba sostener a su hija tras el embate policial.
La protesta no es un hecho aislado, sino la continuación de un plan de lucha iniciado el viernes 13. El reclamo central es la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad ante un Estado que parece haberles soltado la mano:
– Cortes en la cadena de pagos: Organismos clave como PAMI e Incluir Salud mantienen deudas de meses, paralizando trámites vitales.
– Prestadores en quiebra: Los centros de día y terapéuticos denuncian que ya no tienen fondos para pagar sueldos ni garantizar la alimentación de los asistentes.
– Derechos vulnerados: Miles de niños y adultos se están quedando sin escuelas especiales, centros de rehabilitación y terapias básicas.
Desde el Foro advirtieron que la situación es crítica y que el desfinanciamiento es una decisión política que trasciende al sector. «No nos podemos sostener más, no hay más fuentes de financiamiento», explicó el titular de un centro de día, reflejando el ahogo financiero que sufren las instituciones.
Mientras las familias aseguran que permanecerán en el lugar, la respuesta oficial hasta el momento ha sido el despliegue policial en lugar de una mesa de diálogo que garantice los fondos para la supervivencia del sistema de discapacidad.
