El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó formalmente la indagatoria de Daniel Díaz, jefe del área de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina S.A., tras detectar presuntas maniobras de ocultamiento de información en una causa judicial de alta relevancia. La medida se fundamenta en la negativa del responsable informático a realizar el blanqueo de claves de los directivos de la compañía, un paso técnico esencial que impidió a la Justicia acceder a los correos electrónicos corporativos requeridos. Según la fiscalía, esta acción habría bloqueado deliberadamente la obtención de pruebas consideradas clave para el avance de la investigación.
Este pedido de indagatoria se desprende de un expediente derivado de la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El foco de la Justicia está puesto en determinar si existieron maniobras para entorpecer el acceso a datos digitales que permitirían reconstruir los vínculos comerciales y las decisiones internas de la droguería. Para los investigadores, la reticencia del área de sistemas no sería un hecho aislado, sino un intento de proteger las comunicaciones privadas de la cúpula directiva de la firma.
La investigación principal sobre la ANDIS se inició en 2025, a partir de la difusión de una serie de audios atribuidos a quien fuera titular del organismo, Diego Spagnuolo. En dichos registros se mencionaban presuntas anomalías en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras del Estado. A raíz de estas revelaciones, se abrieron diversas líneas de investigación para analizar el rol de funcionarios y empresarios del sector salud en el manejo de fondos públicos.
En este complejo entramado aparece la Droguería Suizo Argentina, empresa controlada desde hace décadas por la familia Kovalivker. La lupa judicial se posa sobre figuras como Jonathan Simón Kovalivker, quien junto a su padre Eduardo y sus hermanos, ocupa una posición estratégica en la gestión de la compañía. Se busca establecer si la relación entre la droguería y el organismo estatal estuvo viciada por contrataciones irregulares, razón por la cual el contenido de los correos electrónicos corporativos se ha vuelto un elemento probatorio determinante.
Finalmente, el planteo del fiscal Rívolo busca esclarecer si el bloqueo al sistema informático constituyó un delito de encubrimiento o entorpecimiento de la labor judicial. De confirmarse la responsabilidad de Díaz, la Justicia podría avanzar sobre nuevas imputaciones que involucren a los niveles jerárquicos de la empresa, bajo la sospecha de que la orden de negar las claves respondió a una estrategia corporativa para evitar que las pruebas de los contratos investigados salieran a la luz.
