El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Registro Nacional de Infractores (RENAI), una base de datos pública que concentrará las sanciones aplicadas a empresas y proveedores por incumplimientos a las normas de defensa del consumidor y lealtad comercial. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, a través de la Disposición 362/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo sistema tiene como objetivo centralizar en un registro público las infracciones cometidas por proveedores de bienes y servicios en todo el país, con el fin de brindar mayor transparencia en las relaciones comerciales y facilitar el acceso a la información para los consumidores. El registro se sustenta en lo establecido por el artículo 49 del decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, que prevé la creación de un sistema de información sobre sanciones aplicadas en materia de consumo.
Según lo dispuesto por la normativa, el Registro Nacional de Infractores reunirá las infracciones y sanciones administrativas impuestas por incumplimientos a la legislación vigente, entre ellas la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Metrología Legal y el Decreto de Lealtad Comercial.
En la base de datos se incorporarán distintos datos vinculados a cada infracción, como la razón social o nombre del proveedor sancionado, su CUIT, el número de expediente administrativo, el tipo de sanción aplicada, el monto de la multa correspondiente, la fecha de la resolución y el encuadre legal de la infracción. La modernización del registro busca saldar una deuda histórica con los consumidores, mediante la creación de una herramienta tecnológica que permita consultar de manera pública los antecedentes de empresas sancionadas en el país.
Además de facilitar el acceso a la información para los consumidores, el sistema permitirá que autoridades de aplicación, organismos públicos y entidades privadas consulten antecedentes sobre infracciones cometidas por proveedores. De acuerdo con la disposición, la base de datos también servirá para elaborar estadísticas y reportes sobre conflictos de consumo, lo que contribuirá a diseñar políticas públicas orientadas a la prevención y fiscalización en el sector.
En ese marco, el registro contará con la participación del Consejo Federal de Consumo, organismo que reúne a las autoridades de defensa del consumidor de las distintas jurisdicciones del país. A partir de la información consolidada, se buscará identificar patrones de infracciones a nivel nacional, detectar prácticas comerciales riesgosas y coordinar estrategias de control entre las provincias.
La disposición también invita a las autoridades provinciales y locales de defensa del consumidor a incorporar en el sistema las sanciones que se dicten en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, el registro pretende reunir en una única plataforma la información sobre infracciones cometidas por empresas y proveedores en todo el territorio argentino.
El acceso al registro se realizará a través del portal oficial de la autoridad nacional de consumo, mediante un enlace específico que permitirá consultar los antecedentes de sanciones. La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el sistema será administrado por un área técnica de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que también tendrá facultades para dictar normas complementarias destinadas a regular su funcionamiento.
