La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de liberar a cientos de presos políticos y de beneficiar a perseguidos en el exilio o en la clandestinidad, en lo que el gobierno presentó como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de confrontación política.
La norma, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue votada durante la madrugada y contempla cubrir a personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a crisis políticas ocurridas entre 2002 y 2025, aunque establece exclusiones significativas para quienes participaron en acciones armadas o delitos graves.
Con el texto definitivo, la ley amplió su cobertura incorporando 16 artículos y fue remitida al palacio presidencial de Miraflores para su promulgación. Entre las modificaciones introducidas figura la posibilidad de que venezolanos exiliados puedan solicitar amnistía a través de abogados, sin necesidad de regresar al país, y un plazo de 15 días para que los tribunales revisen los casos una vez presentada la solicitud.
Tras la aprobación, se comenzaron a ejecutar liberaciones de presos políticos amparadas por la nueva ley. La medida ha generado expectativas entre familiares y organizaciones de derechos humanos, muchos de los cuales realizaron vigilias frente a centros penitenciarios durante días para reclamar la excarcelación de sus allegados.
Sin embargo, grupos como Foro Penal y miembros de la oposición han cuestionado el alcance del texto, señalando que la ley es restrictiva y excluye a numerosos presos políticos, incluidos militares acusados de rebelión o figuras opositoras de relevancia, lo que limita su alcance real como instrumento de justicia.
La ley también excluye de la amnistía a personas implicadas en violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, tráfico de drogas y corrupción, entre otros delitos graves, según lo estipulado en el artículo 9 de la normativa.
Aunque el Gobierno celebró la aprobación como un avance hacia la “convivencia democrática”, la crítica advierte que la medida aún queda lejos de una verdadera apertura democrática y que su aplicación práctica podría demorar o resultar insuficiente para cubrir a todos los perseguidos por motivos políticos en las últimas décadas.
