El paro general que hoy paraliza a la Argentina no es un hecho aislado ni una reacción desmedida del sindicalismo. Es la consecuencia acumulada —y perfectamente previsible— de un proceso de deterioro laboral que los datos ya venían mostrando con crudeza. Cuando se observan en conjunto los despidos, cierres y suspensiones que atravesaron al aparato productivo en los últimos dos años, la huelga nacional deja de ser un acontecimiento excepcional: aparece como el desenlace lógico de una crisis estructural del empleo.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registra 717 conflictos laborales entre enero de 2024 y febrero de 2026, con una característica dominante: casi dos de cada tres se originaron en despidos. La industria concentra el 62 % de los casos y, dentro de ella, los sectores más golpeados son textil, alimentos, metalurgia y siderurgia. La fotografía es contundente: la conflictividad laboral en la Argentina actual no nace de disputas salariales clásicas, sino del colapso del empleo productivo.
Ese proceso se agravó en los últimos meses. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, la intensidad mensual de los conflictos prácticamente se duplicó, pasando de unos 24 a más de 40 casos por mes. El deterioro se aceleró cuando el rumbo económico se consolidó: apertura comercial más profunda, caída de la demanda interna y reforma laboral en discusión. La conflictividad creció cuando el modelo se afirmó.
La evidencia concreta se ve en la trama industrial. En la alimentación, el informe registra 82 conflictos: empresas paralizadas, salarios impagos, plantas al borde del cierre. En el textil —uno de los sectores más sensibles a la apertura importadora— los casos se multiplican: cierres y despidos masivos vinculados directamente a la competencia de productos importados de bajo costo. En la metalurgia y la siderurgia, las suspensiones y reducciones de plantilla se volvieron sistemáticas. No se trata de episodios aislados: es un patrón sectorial.
El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, con 920 trabajadores despedidos en la víspera del paro, sintetiza ese fenómeno. La empresa atribuyó la decisión a la pérdida de rentabilidad tras la apertura de importaciones y la caída de precios en dólares en el mercado local. La señal es inequívoca: incluso firmas con décadas de trayectoria y escala nacional ya no encuentran condiciones para sostener producción y empleo.
Crisis y clima social
Ese tipo de casos explica el clima social que desemboca en la huelga. El paro general convocado por la CGT se realiza en rechazo a una reforma laboral que amplía la jornada hasta 12 horas, abarata despidos y limita el derecho de huelga. Pero la reacción sindical no se explica solo por la ley: la reforma aparece como la culminación normativa de un proceso económico previo que ya venía destruyendo puestos de trabajo. La legislación llega después de la crisis real, no antes.
El CEPA muestra otro dato revelador: las PYMES concentran la mayor parte de los conflictos. Es decir, la conflictividad laboral no se origina en grandes disputas corporativas, sino en la base del tejido productivo. Son las empresas más pequeñas —las más dependientes del mercado interno— las que primero sufren la caída del consumo y la competencia importada. Cuando una PYME despide o cierra, no solo se pierde empleo: se erosiona la estructura productiva local. Y cuando ese fenómeno se multiplica en todo el país, la conflictividad se vuelve sistémica.
La geografía del conflicto confirma la extensión del problema: casi la mitad de los casos se concentra en la región centro industrial, pero aparecen focos intensos en provincias periféricas. La crisis laboral no es metropolitana: es federal. La industria electrónica en Tierra del Fuego, la textil en el NOA o la metalúrgica en el interior bonaerense muestran que el deterioro del empleo atraviesa el territorio.
En ese contexto, la reforma laboral actúa como catalizador del conflicto. Para el gobierno, la flexibilización busca formalizar empleo y atraer inversión. Para los sindicatos, reduce derechos históricos y facilita despidos. Pero más allá de la disputa ideológica, los datos empíricos son claros: el empleo industrial ya estaba cayendo antes de la reforma, y la conflictividad laboral ya estaba en niveles récord. La legislación aparece en medio de un sistema productivo en retroceso.
Expresión colectiva de una pérdida concreta
La relación entre modelo económico y conflictividad laboral es directa. Apertura importadora acelerada implica sustitución de producción local. Sustitución productiva implica menos empleo industrial. Menos empleo implica despidos, cierres y suspensiones. Y cuando esos procesos se vuelven masivos, la respuesta social se organiza. El paro general es la forma histórica que adopta esa respuesta en la Argentina.
Por eso la huelga de hoy no debe leerse solo como protesta sindical contra una ley, sino como síntoma de un cambio estructural en el mercado de trabajo. La economía argentina está transitando un desplazamiento desde el empleo productivo hacia actividades de menor valor agregado y mayor precariedad. En ese tránsito, el tejido industrial pierde densidad y el conflicto laboral aumenta. La estadística del CEPA no es solo un registro: es un diagnóstico de transformación económica.
La secuencia es clara: primero se deteriora el empleo, luego se multiplica la conflictividad, después llega la reforma que institucionaliza ese cambio. El paro aparece cuando esas tres capas se superponen. No es una reacción exagerada: es la expresión colectiva de una pérdida concreta.
En definitiva, la Argentina no está ante un paro inexplicable, sino ante la reacción social previsible de un modelo que —según muestran los datos— ha reducido empleo, debilitado empresas y multiplicado despidos. Cuando la economía productiva se contrae y la legislación laboral se flexibiliza al mismo tiempo, el conflicto no es una anomalía: es una consecuencia.
El paro general de hoy no detiene la economía. La revela.
Datos clave de la conflictividad laboral en Argentina (2024-2026)
Magnitud general
717 conflictos laborales totales relevados en el período.
Promedio general: 29 conflictos por mes.
Despidos: 63,6 % del total de conflictos.
Cierres de empresas: 12,3 %.
Suspensiones: 10 %.
Crisis (atrasos salariales, pagos parciales, etc.): 7,8 %.
Aceleración reciente
Ene-2024 a sep-2025: 507 casos (24/mes).
Oct-2025 a feb-2026: 210 casos (42/mes).
La conflictividad mensual se duplicó tras las elecciones legislativas de 2025.
Distribución sectorial
Industria: 62,1 % de todos los conflictos (sector más afectado).
Dentro de la industria:
Textil: 23,6 %.
Alimentos: 13,7 %.
Metalurgia / siderurgia: 12,8 %.
Automotriz: 9,4 %.
Electrodomésticos / electrónica: 4,9 %.
Casos y subsectores industriales
Industria alimenticia: 82 conflictos.
Problemas predominantes: paralizaciones, deudas salariales, riesgo de cierre.
Textil: cierres y despidos masivos vinculados a importaciones.
Metalurgia: suspensiones y despidos en plantas siderúrgicas.
Automotriz: reducción de plantilla y baja utilización de capacidad.
Tipo de empresa afectada
PYMES: 39,1 % de los conflictos (principal grupo).
Conglomerados extranjeros: 27,3 %.
Grandes empresas nacionales: 18,3 %.
Origen del capital
Empresas nacionales: 71,5 % de los casos.
Empresas extranjeras: 27,2 %.
Distribución geográfica
Región centro: 48 % de los conflictos.
Provincia de Buenos Aires: 25,8 %.
Santa Fe: 10,5 %.
Córdoba: 6 %.
CABA: 5,7 %.
Entre Ríos: 3,3 %.
Focos relevantes fuera del centro:
Tierra del Fuego: 4,2 %.
Tucumán: 3,3 %.
Indicadores industriales asociados (casos citados)
Capacidad instalada automotriz: 56,1 % (oct-2025).
Déficit comercial automotriz: USD −8.019 millones (ene-nov 2025).
Variación vs 2023: +155 %.
Causas económicas identificadas por el informe
Apertura importadora y competencia externa.
Caída de la demanda interna y del consumo.
Aumento de costos y problemas de financiamiento.
Ajuste macroeconómico y cambios regulatorios.
Lectura estructural del dato
Predominio de despidos → conflictividad por destrucción de empleo, no por salario.
Predominio industrial → crisis del aparato productivo.
Predominio PYME → impacto en la base económica.
Aceleración 2025-2026 → profundización reciente del deterioro.
