Un reciente análisis de Argentinos por la Educación revela que solo tres provincias de todo el país cumplirán en 2026 con los 190 días de clases acordados por el Consejo Federal de Educación (CFE) como meta para el nivel primario, muy por encima del mínimo legal de 180 días fijado por la Ley Nacional Nº 25.864.
Según el informe, Santiago del Estero, San Luis y Mendoza son las únicas jurisdicciones que planificaron calendarios que alcanzan o superan los 190 días de clase descontando feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y las jornadas institucionales que implican suspensión de actividades pedagógicas. El resto de las provincias incluida La Rioja, no logra alcanzar ese umbral y varias -como Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut- tampoco garantizan el mínimo de 760 horas de clase anuales que corresponde al piso de 190 días con jornadas de al menos cuatro horas.
Esto se debe a que, al combinar la cantidad de días con la duración diaria de la jornada -que puede ser simple, extendida o completa según cada distrito-, la carga horaria total resulta inferior al piso exigido.
El análisis subraya que cumplir con los 190 días de clases no es solo una cuestión administrativa: representa una pieza clave para la continuidad pedagógica y la calidad educativa. Los especialistas en educación destacan que poca cantidad de días y horas en el aula reduce las oportunidades de aprendizaje y profundiza brechas educativas existentes, particularmente en contextos vulnerables.
Para el ciclo lectivo 2026, el promedio nacional de días planificados ronda los 185 días, lejos de la meta de 190, y refleja un retroceso respecto de años anteriores tras una recuperación gradual después de la pandemia de COVID-19. Aunque el cumplimiento de calendarios oficiales no garantiza necesariamente que las clases se desarrollen tal como fue planificado -dado que factores como ausentismo docente, conflictos laborales, problemas de infraestructura o condiciones climáticas pueden reducir la presencia real en las aulas- el escenario actual plantea dificultades para consolidar trayectorias educativas continuas y efectivas.
En este contexto, organizaciones civiles y especialistas reclaman un sistema de seguimiento que permita medir no solo los días programados sino las horas efectivamente dictadas en las escuelas, así como mecanismos de apoyo a las jurisdicciones que no alcanzan los estándares pactados, con el fin de fortalecer el tiempo de enseñanza y aprendizaje en todo el país.
