Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela cumple este jueves su primer mes al frente del Ejecutivo en un contexto de intensa transición política y tensiones internas y externas. Un contexto marcado por reformas orientadas a atraer inversión extranjera, la liberación de presos políticos y la apertura de sectores estratégicos, mientras enfrenta presiones del gobierno de Estados Unidos y cuestionamientos de la oposición y la comunidad internacional.
Rodríguez asumió el cargo interinamente el 5 de enero tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, que generó una crisis sin precedentes en la política venezolana y alteró el equilibrio de poder en el país. En este primer mes, su gestión se ha caracterizado por un giro pragmático en la política económica y social, con un estilo menos combativo que el del chavismo tradicional y una priorización de la estabilidad y la cooperación internacional.
Entre las medidas impulsadas por el gobierno de Rodríguez destaca la liberación de más de 360 presos políticos, un avance aunque organizaciones como Foro Penal señalan que aún quedarían centenares de detenidos por razones políticas. Asimismo, se presentó un proyecto de ley de amnistía general que propone extinguir causas penales por delitos políticos cometidos desde 1999, con exclusiones específicas para crímenes graves, y transformar el centro de detención conocido como El Helicoide en un espacio social y deportivo.
En el plano económico, Rodríguez promovió una nueva Ley de Hidrocarburos que abre la industria petrolera al capital extranjero.
Paralelamente, ha habido señales de reconfiguración de las relaciones exteriores. El gobierno de Estados Unidos ha manifestado claramente su influencia y presión sobre la gestión venezolana, impulsando la cooperación bilateral y presionando por reformas económicas y políticas, al punto de condicionar la legitimidad de Rodríguez y sus acciones a la alineación con sus prioridades geoestratégicas.
A pesar de estos movimientos, la legitimidad y transparencia del proceso siguen siendo objeto de críticas. Sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han llamado a una transición democrática más amplia, con elecciones libres y condiciones claras para la participación de distintas fuerzas políticas.
