Las denuncias por estafas virtuales registradas en La Rioja mostraron un nuevo incremento durante enero de 2026, con un crecimiento estimado del 20% respecto a meses anteriores, según datos oficiales. Este aumento se tradujo en más de 80 denuncias formales recibidas durante el primer mes del año, muchas de ellas por estafas que implican perjuicios económicos de gran magnitud.
Jimena Espinosa subsecretaria de Comercio Interior y Defensa al Consumidor confirmó en el medio Riojavirtual que la mayoría de los reclamos están vinculados a fraudes cometidos por medios digitales, donde los estafadores suelen utilizar llamadas o mensajes por aplicaciones como WhatsApp para solicitar datos personales o biométricos, que luego son utilizados para sustraer dinero o contraer créditos sin autorización de las víctimas. En varios casos, las consecuencias económicas de estas maniobras alcanzaron cifras millonarias.
Se recomienda que, ante cualquier sospecha de estafa virtual, lo primero que debe hacerse es presentarse ante la Policía provincial para efectuar la denuncia penal correspondiente. Jimena advirtió que ninguna entidad bancaria ni organismo público solicita información personal sensible por teléfono, por lo que destacó la importancia de extremar precauciones antes de compartir datos o claves de acceso.
La creciente presencia de estafas virtuales en la provincia se produce en un contexto más amplio de aumento global de delitos informáticos y ciberdelitos, que incluye prácticas como el phishing, la suplantación de identidad y otras formas de fraude digital que afectan a diversos sectores de la población. A medida que la tecnología se integra cada vez más en actividades cotidianas, las autoridades remarcan la necesidad de reforzar la información y educación ciudadana en seguridad digital para prevenir este tipo de delitos y proteger a los usuarios.
En respuesta a esta situación y para facilitar el acceso a la justicia, el Gobierno provincial mantiene habilitado un canal rápido y gratuito para denunciar estafas virtuales, que permite presentar reclamos sin la necesidad de contar con asesoramiento legal. Este mecanismo está disponible tanto en la Capital como en las delegaciones del interior, y puede iniciarse con la presentación de la denuncia policial y las pruebas del fraude ante las oficinas correspondientes de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor.
