La reciente declaración de Emergencia Ígnea por parte del Gobierno nacional, en respuesta a los devastadores incendios que afectan a la región patagónica, generó fuertes críticas de sectores opositores que aseguran que la medida no proporciona fondos extra a las provincias afectadas y estaría destinada, según esos representantes, a obtener apoyos legislativos para otros proyectos del Ejecutivo. 
La norma fue formalizada mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplían la declaración de emergencia y la condición de “zona de desastre” en jurisdicciones como Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y, más recientemente, Santa Cruz, ante la propagación de los incendios que han arrasado amplias áreas de bosques nativos y generado riesgo para comunidades locales. El objetivo oficial del decreto es facilitar la articulación operativa y logística para la mitigación de los focos ígneos y la asistencia inmediata, en el marco de la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil. 
Sin embargo, la oposición parlamentaria advirtió que la emergencia no implica la asignación de “un solo peso” adicional a las provincias, municipios o damnificados, y calificó la medida como insuficiente para abordar la magnitud de la crisis. En sus declaraciones, diputados de Unión por la Patria sostuvieron que el decreto carece de fondos concretos para la recuperación de bosques, asistencia habitacional o apoyo a sectores productivos afectados, y que no contempla una verdadera reconstrucción después de los siniestros. 
El diputado nacional José Glinski declaró que la emergencia ígnea no aporta respuestas concretas, y planteó que la norma se emplea como instrumento de negociación para obtener apoyos a iniciativas como la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares o la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso. Para él, “la emergencia no se negocia, se atiende”, en referencia a la prioridad que debería darse a los recursos y la asistencia antes que a un intercambio político. 
Desde la oposición también se presentaron solicitudes formales para que el Gobierno informe de manera detallada cómo se asignarán los recursos, bajo qué criterios y con qué financiamiento, en medio de la falta de claridad sobre el impacto presupuestario de la medida y el alcance de sus efectos en las jurisdicciones más afectadas por los incendios. 
Los cuestionamientos se producen en un contexto en el que los incendios en la Patagonia han tenido un impacto significativo -con múltiples focos activos y decenas de miles de hectáreas consumidas-, un escenario que también llevó a gobernadores de la región a solicitar al Congreso la sanción de una ley de emergencia ígnea con asignación específica de fondos, asistencia directa y acciones de reconstrucción económica y social para las comunidades afectadas. 
