El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la apertura de una investigación interna para determinar la posible responsabilidad de al menos cinco funcionarios del organismo en presuntas maniobras irregulares vinculadas al dólar oficial, en una causa judicial que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello y que investiga hechos ocurridos entre 2022 y 2023.
La decisión del BCRA se produjo tras la difusión de audios incorporados a la causa, en los que una funcionaria del organismo desliza la existencia de connivencia entre altos niveles de la entidad y operadores privados. “Había gente arriba toda entongada”, se escucha decir en uno de los registros, dirigido a Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jésica Cirio. El contenido de esas grabaciones volvió a poner en el centro de la escena la opacidad con la que se manejaron sectores clave del sistema financiero durante los últimos años.
Según informó oficialmente el Banco Central, el sumario interno apunta a establecer si los funcionarios involucrados incurrieron en violaciones al Código de Ética del organismo o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Desde la entidad aclararon que no tienen facultades penales, aunque sí pueden avanzar con sanciones administrativas que van desde suspensiones hasta despidos, siempre que las irregularidades estén debidamente probadas.
Sin embargo, puertas adentro del organismo reconocen que el avance de la investigación es limitado. “Todavía no está claro qué está investigando la Justicia”, admitieron fuentes del BCRA, que explicaron que por el momento solo cuentan con los audios difundidos y que la etapa actual se limita a la recolección de pruebas y testimonios. Una situación que expone, una vez más, las dificultades para auditar responsabilidades internas en uno de los organismos más sensibles del Estado.
En el marco de la causa, el 29 de diciembre pasado la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de cinco empleados del Banco Central y libró una orden de presentación a la entidad. Pese a la gravedad de los hechos investigados, los funcionarios continúan en funciones y, tras una breve suspensión, la Justicia restituyó su acceso a los sistemas internos del organismo en los primeros días de enero.
Desde el BCRA señalaron que el expediente judicial se apoya, entre otros elementos, en sumarios instruidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias durante la gestión que asumió en diciembre de 2023. No obstante, el propio organismo admitió que solicitó en dos oportunidades acceder formalmente al expediente, el 27 de noviembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que impide conocer con precisión el alcance de las imputaciones.
El origen de los audios que desataron la polémica se remonta a la declaración de un arrepentido en una causa por la compra irregular de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de Sebastián “El Lobo” Smith, exinspector de la Policía Federal, quien aportó material que apunta a una presunta red de complicidades entre funcionarios, financistas y operadores del mercado cambiario.
La maniobra bajo investigación es el conocido “rulo” financiero, mediante el cual se accede a dólares a precio oficial para luego revenderlos en circuitos paralelos con fuertes ganancias. Según la causa, estas operaciones se habrían realizado de manera sistemática entre 2022 y 2023, en un contexto de férreos controles cambiarios y creciente deterioro económico.
El Banco Central aseguró haber cumplido con todos los requerimientos judiciales y ratificó que continuará colaborando con la investigación. También sostuvo que la causa penal es una derivación directa de los reportes que el propio organismo elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas irregularidades cambiarias y posibles maniobras de lavado de dinero.
Aun así, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del BCRA y la falta de controles eficaces en un período marcado por la discrecionalidad en el manejo del dólar. Mientras el actual Gobierno reivindica la transparencia y el orden institucional, la investigación expone una trama de presuntas connivencias que atraviesa gestiones y deja al descubierto las debilidades estructurales de un sistema que, una vez más, parece llegar tarde.
