El Gobierno nacional volvió a insistir con uno de los ejes más controvertidos de su agenda en materia de seguridad: la baja de la edad de imputabilidad. Esta vez fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien afirmó que niños de 12 o 13 años deberían ser penalmente responsables, en el marco del impulso oficial para reformar la Ley Penal Juvenil.
En declaraciones radiales, la funcionaria celebró que el proyecto finalmente haya sido incorporado al temario de las sesiones extraordinarias de febrero, una decisión tomada por el Poder Ejecutivo mediante decreto. La iniciativa reaparece tras una serie de hechos delictivos protagonizados por menores, utilizados por el oficialismo como argumento central para reinstalar un debate sensible y complejo.
“Argentina está rezagada en esta discusión”, sostuvo Monteoliva, quien consideró que la reducción de la edad de imputabilidad es un “factor clave” para combatir la inseguridad. Aunque el planteo formal del Gobierno habla de llevarla a 13 o 14 años, la ministra dejó en claro que, a su entender, el límite debería ser aún más bajo. “La tendencia de la discusión está alrededor de los 12 o 13 años”, afirmó, sin precisar estudios ni datos que respalden esa postura.
Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que las organizaciones criminales reclutan niños para cometer delitos, pero el diagnóstico oficial vuelve a omitir el contexto social, económico y educativo en el que se desarrolla esta problemática. En lugar de fortalecer políticas públicas de prevención, inclusión y protección de derechos, la respuesta del Gobierno de Javier Milei se apoya casi exclusivamente en el endurecimiento penal y la ampliación del sistema punitivo.
La reforma de la Ley Penal Juvenil no es nueva. El proyecto ya había sido presentado el año pasado y fracasó por falta de consenso, además de recibir fuertes críticas de especialistas en niñez, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre los riesgos de criminalizar a edades cada vez más tempranas sin resolver las causas estructurales del delito.
Pese a esos cuestionamientos, el oficialismo vuelve a la carga, ahora con un discurso más duro y confrontativo. En esa línea, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, advirtió que el debate servirá para “ver quiénes acompañan a las víctimas y quiénes les dan la espalda”, reduciendo una discusión de fondo a una lógica de alineamientos políticos.
El Gobierno nacional, entre sus otros recortes como en educación, salud y programas sociales destinados a niños y adolescentes, propone bajar la edad de imputabilidad como respuesta a la inseguridad.
