La Cámara Federal confirmó los embargos patrimoniales en la causa por la presunta estafa cripto vinculada al caso $LIBRA, pero ordenó revisarlos y, de ser necesario, ampliarlos antes de levantarlos. Además, le reclamó al juez avanzar con mayor celeridad en la investigación.
La Sala I de la Cámara Federal ratificó la decisión que reemplazó la prohibición de innovar sobre los bienes de los imputados por embargos patrimoniales, fijados inicialmente en un monto de $36.875.000 y con un plazo de 90 días.
No obstante, el tribunal advirtió que estas medidas deberán ser readecuadas en función del avance del expediente y de la complejidad de la maniobra investigada, antes de ser levantadas de manera definitiva.
Los camaristas señalaron que el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá establecer un “aval patrimonial prudente” que garantice los fines del proceso, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, el perjuicio alegado por las presuntas víctimas y el grado de participación atribuido a cada imputado.
Los embargos alcanzan a Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco de Orlando, Rodolfo Mellino, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.
En su fallo, la Cámara remarcó la necesidad de que la instrucción avance con mayor rapidez y exhortó al magistrado a impulsar la producción de pruebas relevantes. Advirtió que, si la investigación no progresa en paralelo, las cautelares podrían perder sustento y transformarse en un castigo anticipado. Además, tuvo en cuenta la posible incorporación de nuevas víctimas, con un perjuicio estimado en cerca de dos millones de dólares, y la denuncia contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda, un elemento que le sumó alto impacto político a la causa.
