La Justicia avanzó en una causa atravesada por la violencia institucional y el encubrimiento inicial: el policía de la Ciudad Darián Gastón Miño fue procesado con prisión preventiva por el asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido durante la madrugada de Navidad en el barrio Villa 20, en Villa Lugano. Además, se ordenó un embargo por más de 110 millones de pesos sobre los bienes del imputado.
La resolución fue dictada por el juez Hugo Decaria, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, quien consideró a Miño autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad estatal. La medida judicial ratifica la responsabilidad directa del efectivo en un hecho que generó conmoción social y fuertes denuncias por represión policial.
Según el fallo, las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas videos que se viralizaron en redes sociales, resultaron determinantes para acreditar la materialidad del crimen y la participación del agente. Tras conocerse el procesamiento, la Policía de la Ciudad confirmó la desvinculación de Miño, una decisión que llegó recién después del escándalo público.
En contraste, la Justicia dispuso el sobreseimiento de Dante Gabriel González, hijo de la víctima; Nelly Elizabeth Portillo, su pareja; y Anastasio Néstor Chávez, un vecino del barrio. Los tres habían sido imputados en un primer momento, en una maniobra que organizaciones de derechos humanos denunciaron como un intento de criminalizar a la familia y desviar el foco del accionar policial.
«Corresponde responsabilizar a Darián Gastón Miño por la muerte de Juan Gabriel González, desde que los elementos de prueba acreditan su participación directa», sostuvo el magistrado en su resolución, que marca un punto de inflexión en una causa signada por la impunidad policial.
El asesinato ocurrió cuando un grupo de efectivos ingresó a la Villa 20 bajo el pretexto de controlar disturbios durante los festejos navideños. De acuerdo con testimonios y registros audiovisuales, González fue reducido mediante golpes y forcejeos hasta que uno de los policías disparó su arma reglamentaria a corta distancia, en un claro uso desproporcionado y letal de la fuerza.
La autopsia preliminar, difundida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), reveló que se efectuaron al menos seis disparos por parte de dos agentes, uno de los cuales resultó mortal. El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que González, de 45 años, murió a causa de graves lesiones provocadas por proyectiles que impactaron en el tórax y el abdomen, generando una hemorragia interna y externa masiva.
Desde organismos de derechos humanos señalaron que el caso se inscribe en un patrón reiterado de violencia policial en los barrios populares, amparado por políticas de «mano dura» que el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional promueven y legitiman. Una doctrina represiva que, lejos de brindar seguridad, sigue cobrando vidas y profundizando la desigualdad ante la ley.
