El Gobierno nacional fijó los nuevos precios mínimos de los biocombustibles que se utilizarán en la mezcla obligatoria con combustibles fósiles a partir de enero de 2026, una decisión que vuelve a generar cuestionamientos en el sector energético y productivo por su impacto en la cadena de costos y la ausencia de una política de largo plazo.
La medida fue oficializada mediante las resoluciones 611 y 612/2025 de la Secretaría de Energía, publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Allí se establecen los valores de referencia para el bioetanol y el biodiesel que deberán respetarse durante el primer mes del año próximo, sin precisiones sobre eventuales actualizaciones posteriores.
Según la Resolución 611/2025, el precio mínimo del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar quedó fijado en $976,457 por litro, mientras que el producido a base de maíz se estableció en $894,949 por litro. Ambos valores regirán para las operaciones de enero y se mantendrán vigentes hasta que la autoridad de aplicación disponga una nueva actualización.
La norma también determinó que el plazo de pago para estos productos no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de facturación, un punto que genera preocupación entre los productores, en un contexto de altas tasas de interés y restricciones financieras.
Si bien la resolución habilita ajustes excepcionales ante eventuales desfasajes entre los costos de producción y los precios reconocidos, o frente a distorsiones en los valores de los combustibles fósiles, el esquema vuelve a dejar en manos del Ejecutivo decisiones clave para el sector, sin mecanismos claros de previsibilidad.
Por su parte, la Resolución 612/2025 fijó el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil en $1.797.881 por tonelada para enero de 2026. En este caso, el plazo de pago será de hasta 7 días corridos desde la emisión de la factura, una exigencia que impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas del sector.
La misma resolución restableció el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel con gasoil en un 7,5% en volumen. Ese corte había sido reducido previamente al 7% con el argumento de contener el precio del combustible en surtidor ante el aumento del aceite de soja. Ahora, con la supuesta normalización de los costos de los insumos, el Gobierno decidió volver al esquema anterior.
Desde distintos sectores productivos advierten que la política oficial continúa marcada por decisiones fragmentadas y de corto plazo, que afectan tanto a la industria de los biocombustibles como a los consumidores finales. En un contexto de ajuste generalizado y aumentos sostenidos en energía y transporte, la actualización de precios vuelve a trasladar tensiones a una economía ya golpeada por la recesión y la caída del consumo.
