Bajo el discurso de la «eficiencia» y la «transparencia», el Gobierno de Javier Milei avanza con una profunda reforma del Sistema de Inteligencia Nacional.
La iniciativa, basada en el Decreto 614/24, es presentada por el oficialismo como una «reforma de segunda generación» destinada a mejorar la coordinación, reducir superposiciones y otorgar mayor legitimidad al sistema. Sin embargo, el rediseño propone cambios estructurales que refuerzan la centralización de decisiones en el Ejecutivo y amplían la capacidad de articulación de los servicios de inteligencia en áreas sensibles.
Según admiten fuentes oficiales, el proyecto prevé modificaciones a la Ley 25.520 para integrar los subsistemas criminal, militar y financiero, además de incorporar dimensiones económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales. La amplitud del alcance, lejos de tranquilizar, genera interrogantes sobre los límites reales de la inteligencia estatal y sus posibles usos políticos.
Uno de los ejes centrales es la creación de una denominada «Comunidad de Inteligencia», coordinada por la SIDE, que funcionará como un nodo permanente de intercambio de información entre organismos especializados. A esto se suma una “Comunidad Informativa” integrada por dependencias que, aunque no producen inteligencia, aportarán datos estratégicos bajo un sistema automatizado. El Gobierno asegura que este mecanismo eliminará la discrecionalidad, pero no explica quién auditará efectivamente esos flujos ni cómo se evitará su utilización indebida.
En materia digital, la reforma introduce una separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La primera quedará bajo un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la segunda permanecerá en el ámbito del sistema de inteligencia. Para especialistas, esta división no despeja el riesgo de superposición ni garantiza controles democráticos en un área clave para la privacidad y los derechos ciudadanos.
El rediseño también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que se limitará exclusivamente a tareas de contrainteligencia. El Gobierno sostiene que esto implica un «recorte de competencias», aunque en los hechos se refuerza la vigilancia sobre supuestas amenazas externas, con definiciones amplias que históricamente han servido para justificar abusos.
En ese marco, el Ejecutivo insiste en que la contrainteligencia tendrá un enfoque preventivo frente a espionaje, sabotaje o injerencias extranjeras, descartando la vigilancia política interna. No obstante, la experiencia argentina y regional demuestra que este tipo de promesas rara vez viene acompañado de controles independientes sólidos.
Otro cambio significativo es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), bajo el argumento de evitar duplicaciones, concentrando la producción de inteligencia militar en el Estado Mayor Conjunto. Además, se habilita al sistema de inteligencia a requerir apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, un punto que vuelve a tensar los límites entre defensa, seguridad interior e inteligencia.
En cuanto a los controles, la actual División de Asuntos Internos será reemplazada por una Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones de auditoría. Sin embargo, todos los titulares de los órganos desconcentrados serán designados directamente por el Secretario de Inteligencia, una decisión que profundiza la verticalización del poder y reduce la autonomía de los mecanismos de control.
Pese a las críticas de la oposición, el Gobierno de Javier Milei busca instalar la idea de un «achicamiento» de la SIDE. Pero el nuevo esquema, lejos de reducir su peso, la consolida como el corazón del sistema, con capacidad de coordinación ampliada y control centralizado de la información estratégica del Estado.
Una vez más, bajo la retórica de la modernización y la eficiencia, el oficialismo avanza en reformas estructurales que redefinen áreas sensibles sin un debate profundo en el Congreso ni garantías claras de control democrático. En materia de inteligencia, la historia reciente aconseja prudencia: la concentración de poder nunca fue sinónimo de transparencia.
