El 30 de diciembre de 2020, tras más de una década de reclamos del movimiento feminista, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) más conocida como Ley del Aborto, que garantizó el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Cinco años después de aquella madrugada histórica, especialistas y organizaciones advierten sobre retrocesos en su implementación, marcados por el desfinanciamiento estatal y la creciente desigualdad territorial.
La norma fue aprobada por el Senado luego de más de doce horas de debate, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. En las inmediaciones del Congreso y en distintas ciudades del país, miles de personas aguardaron el resultado bajo la consigna de la “marea verde”, que celebró la conquista de un derecho largamente postergado, tras intentos fallidos como el de 2018.
Aunque la ley comenzó a aplicarse formalmente en enero de 2021, el escenario actual dista de aquel contexto inicial. Según advierten referentes del sector, el ajuste presupuestario y el desmantelamiento de áreas clave del Estado volvieron a poner en el centro del debate las dificultades de acceso y las brechas entre provincias.
Gio Eiriz, articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, señaló que la ley continúa vigente y tiene carácter de orden público en todo el país, pero enfrenta serias dificultades en su ejecución.
«Es una ley sólida, que regula el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, pero desde la asunción del gobierno de Javier Milei está siendo desfinanciada y vaciada. El principal problema hoy es el faltante de medicación para garantizar la IVE y la ILE», explicó en diálogo con C5N.
Ante la reducción del financiamiento nacional, la implementación queda en gran medida en manos de los gobiernos provinciales, que deben incorporar las partidas necesarias en sus presupuestos. Entre las obligaciones centrales se encuentra la provisión de misoprostol y mifepristona, medicamentos recomendados para abortos hasta la semana 12 de gestación, además del asesoramiento, la atención médica y la contención integral de las personas gestantes.
Eiriz advirtió que las desigualdades preexistentes se profundizaron: «Sabíamos que la implementación iba a ser compleja por las resistencias políticas y religiosas en algunos territorios. Hoy, el cumplimiento de la ley depende en muchos casos de la articulación de organizaciones y redes feministas».
En ese sentido, señaló que las provincias del norte argentino y del litoral presentan mayores dificultades, debido a la falta de insumos, el uso indebido de la objeción de conciencia, la desinformación y situaciones de maltrato hacia quienes consultan por la práctica.
Desde la Campaña Nacional remarcan la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento, especialmente en contextos donde el Estado no garantiza plenamente el acceso. «No se trata de reemplazar al Estado, sino de brindar información y sostén a quienes creen que la ley ya no existe o no saben cuáles son sus derechos», sostuvo Eiriz.
La referente insistió en la necesidad de mantener vigente el debate público: «Hay que seguir hablando de la ley, de cómo deben tratarte en el sistema de salud y de lo que corresponde por derecho. El Estado tiene una responsabilidad indelegable, y el incumplimiento de la ley es ilegal».
Otro de los puntos críticos señalados por las organizaciones es la ausencia de información oficial actualizada. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2021 y 2023 un total de 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público, y se registró un aumento del 118% en la cantidad de efectores de salud que garantizaban la práctica, lo que contribuyó a reducir la mortalidad materna por abortos inseguros.
Sin embargo, desde 2023 el Estado dejó de publicar estadísticas oficiales sobre IVE e ILE. El último informe del programa ImplementAR corresponde a ese año. A esto se suma una reducción del 81% en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo entre 2023 y 2024.
Amnistía Internacional informó haber recibido más de 400 denuncias de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto, principalmente por falta de información clara y precisa.
La ausencia de datos impide evaluar la evolución de la ley entre 2023 y 2025, así como analizar el impacto de los cambios en las políticas públicas sobre el acceso efectivo al derecho.
¿Puede revertirse la ley?
En el marco del quinto aniversario, también resurgen los interrogantes sobre una eventual derogación de la norma, en un contexto político marcado por un discurso oficial crítico de las políticas de género y de los derechos sexuales y reproductivos.
Argentina es uno de los cinco países de América Latina que legalizaron el aborto y fue considerada una referencia regional en la materia. No obstante, referentes del movimiento advierten sobre un escenario de retrocesos.
«Creemos que el Gobierno no avanzó directamente con la derogación porque sabe que existe un movimiento fuerte que va a resistir», afirmó Eiriz. «La estrategia es no implementar la ley, aun sabiendo que eso es ilegal. Ya intentaron impulsar un proyecto y fracasó. Como movimiento, no podemos dar ni un paso atrás».
