El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Susana Monteoliva, oficializó una fuerte actualización de los aranceles y multas del Registro Nacional de Armas (RENAR), que desde hoy quedan directamente duplicados respecto de los valores fijados en 2022. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1383/2025, vuelve a exponer el rumbo del Gobierno nacional: trasladar el peso del ajuste a ciudadanos, comercios e industrias bajo el argumento de la «corrección de valores».
El punto más sensible es el nuevo techo sancionatorio: multas de hasta $10 millones para particulares, usuarios comerciales, industrias, empresas de transporte, importadores y exportadores. Una cifra que, en el contexto actual, equivale a una penalidad impagable para gran parte de los usuarios alcanzados por la normativa.
La resolución también fija en $2.000 el valor de la Unidad RENAR, una base que se utilizará para calcular formularios, trámites y sanciones. El Ministerio justificó el aumento señalando que, desde 2022, las tarifas habían sufrido una depreciación de más del 600% según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Sin embargo, la cartera de Seguridad aseguró que el incremento del 100% busca «no trasladar todo el impacto inflacionario a los usuarios», pese a que en la práctica el ajuste significará un golpe directo para quienes deban realizar trámites o regularizar documentación.
La medida, que deroga artículos clave de la normativa previa, delega además en la Dirección Ejecutiva del RENAR la potestad de definir especificaciones técnicas, diseños y formatos de formularios y elementos registrales, un paso que centraliza aún más el control administrativo del organismo.
La resolución comenzará a regir desde el día hábil siguiente a su publicación, en un contexto en el que el Gobierno continúa aplicando incrementos y actualizaciones que, aunque presentadas como «adecuaciones técnicas», profundizan el costo burocrático para miles de usuarios y pequeñas empresas ya golpeadas por el ajuste general.
