Organismos de derechos humanos, referentes políticos y dirigentes sociales cuestionaron el nombramiento del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar ese cargo desde 1983. Las críticas apuntan al retroceso institucional, a los vínculos familiares con delitos de lesa humanidad y a la necesidad de garantizar el control civil sobre las Fuerzas Armadas.
La designación de Carlos Alberto Presti, teniente general del Ejército, como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, generó una ola de rechazos desde distintos sectores sociales y de derechos humanos. Se trata del primer militar en ocupar esa cartera desde el retorno democrático, un hecho que, para muchos, representa un retroceso institucional. Además, su padre, Roque Carlos Presti, estuvo acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, lo que encendió aún más las alarmas.
Desde organismos de derechos humanos, la preocupación es profunda. Ana Laura Mercader, referente de H.I.J.O.S. La Plata, afirmó que la decisión forma parte de un “gran retroceso” que afecta a la democracia y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Señaló además que la designación ocurre en un contexto donde “varios genocidas buscan beneficios” y donde familiares de represores ocupan cargos públicos con capacidad de influir en decisiones judiciales.
En el plano político, incluso voces del propio espacio opositor marcaron reservas. El ex ministro de Defensa Julio Martínez destacó la trayectoria de Presti, pero advirtió que —por ley— debe pasar a retiro para asumir un cargo político. Sostuvo que las Fuerzas Armadas actuales “están formadas en democracia” y descartó un riesgo institucional, aunque recordó antecedentes como el del ex militar Sergio Berni, quien ocupó cargos públicos sin haber sido retirado correctamente del Ejército.
Una de las críticas más duras provino de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien calificó la designación como una “provocación” y alertó que coloca a un militar en un ámbito que debe estar exclusivamente en manos civiles. Carlotto afirmó que decisiones de este tipo “destruyen la identidad democrática”, evocan el sufrimiento de las dictaduras y generan incertidumbre en la sociedad. Para la dirigente, la ciudadanía debe resistir medidas que, a su juicio, implican un serio retroceso institucional.
