El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo el borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que propone derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa alcanza a toda la educación básica —sin modificaciones para el nivel universitario— e introduce cambios de fuerte impacto: habilita el homeschooling como modalidad formal, declara la educación como servicio esencial limitando el alcance de los paros docentes y elimina la meta del 6% del PBI destinado al financiamiento educativo.
Uno de los ejes centrales es la habilitación formal del homeschooling como “forma alternativa de enseñanza”, junto con la modalidad híbrida y a distancia. No se fija una edad mínima para su implementación y los aprendizajes se acreditarán mediante exámenes periódicos. El proyecto también permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa voluntaria en escuelas públicas fuera del horario escolar y habilita a cada institución a diseñar planes de estudio propios, siempre que respeten contenidos mínimos nacionales.
La propuesta redefine el rol del Estado como “subsidiario” y coloca a las familias como “agente natural y primario de la educación de los hijos”. Además, declara la esencialidad de la educación básica, lo que obliga a garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante las medidas de fuerza, restringiendo de hecho el alcance de los paros docentes. También reduce las horas mínimas obligatorias: 540 para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, por debajo de los acuerdos vigentes del Consejo Federal.
En materia de financiamiento, el proyecto elimina la meta del 6% del PBI destinado a educación y propone que el aporte estatal sea “complementario”. Esto abre la puerta a un esquema que iguala el acceso a fondos entre las escuelas públicas y privadas e incorpora asignaciones directas a familias mediante becas, vales educativos o créditos fiscales. Además, crea un sistema federal de monitoreo del gasto y mantiene las pruebas Aprender, que pasarán a ser anuales y censales, con resultados publicados por escuela.
El texto también amplía la autonomía institucional y pedagógica, permitiendo a las escuelas definir sus políticas de admisión, disciplina, uso de recursos y gobierno interno. Crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y establece evaluaciones periódicas —cada cuatro años— que vincularán la estabilidad laboral con el desempeño y la actualización profesional.
El borrador, aún en debate, plantea una transformación profunda del sistema educativo argentino, con mayor peso para las familias, más libertad para las instituciones y un Estado con un rol acotado en la educación básica.
