Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) alerta sobre el incremento de la inseguridad alimentaria entre trabajadores asalariados. La situación se agrava tras el ajuste económico del gobierno de Javier Milei, que deterioró de forma acelerada los ingresos reales, impactando no sólo en los sectores informales, sino también en quienes tienen empleo registrado.
La crisis económica que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei está dejando una huella alarmante en los hogares de los trabajadores asalariados. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, uno de cada siete trabajadores en relación de dependencia sufre inseguridad alimentaria, es decir, no cuenta con los ingresos suficientes para garantizar una alimentación adecuada para sí mismo o para su familia.
Los datos exponen una realidad que contradice la promesa presidencial de que “el ajuste lo pagaba la casta”. Por el contrario, el impacto del ajuste recae con dureza sobre la clase trabajadora: el 15% de los asalariados en todo el país sufre algún tipo de inseguridad alimentaria; y aun entre los trabajadores formales, con aportes y supuesta mayor estabilidad, el 7% se encuentra en esta situación crítica.
El estudio, elaborado entre 2022 y 2024 y presentado días antes del Día Mundial de la Alimentación, muestra que las condiciones laborales y el acceso a derechos sociales ya no garantizan protección ante la crisis. De hecho, los trabajadores no registrados, quienes carecen de aportes jubilatorios y protección sindical, están tres veces más expuestos al hambre que aquellos con empleo formal.
Los sectores más golpeados son los jóvenes, las mujeres, quienes tienen baja calificación educativa y quienes viven en áreas del conurbano bonaerense o provincias con menor desarrollo socioeconómico. Además, la investigación revela que la inseguridad alimentaria afecta de forma más severa a los hogares pobres: entre los asalariados que viven en situación de pobreza, casi cuatro de cada diez sufren inseguridad alimentaria.
Deterioro abrupto
Estos números retratan cómo la pérdida del poder adquisitivo -producto de una inflación descontrolada, la devaluación y el congelamiento salarial- deterioró de forma abrupta las condiciones de vida de millones de trabajadores. Un deterioro que, en muchos casos, se traduce en la reducción de porciones de comida o en la angustiante experiencia del hambre dentro del propio hogar.
Para los sindicatos y las organizaciones sociales, el escenario es dramático: trabajadores registrados, con décadas de estabilidad laboral, deben acudir a comedores comunitarios o pedir ayuda para garantizar lo básico: comer. De acuerdo con el informe, la afiliación sindical muestra una relación directa con una mayor estabilidad alimentaria, pero incluso esto es insuficiente en el actual contexto.
Frente a una política económica basada en el ajuste del gasto público y la desregulación, la situación expuesta por el ODSA-UCA invita a una profunda reflexión sobre el modelo de país que se está construyendo. Los datos no sólo desafían el discurso oficial, sino que exigen respuestas urgentes: garantizar el acceso a una alimentación digna no es sólo una cuestión humanitaria, sino un derecho humano fundamental.
Los datos expuestos por la UCA muestran, nuevamente, la cruda situación que atraviesa gran parte de la población que sin importar si tiene acceso a un empleo formal es obligada a pagar el ajuste que realiza el gobierno de Milei.
