Se habría sancionado en septiembre por el Congreso. Está inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 por una meningitis bacteriana tras un diagnóstico erróneo.
El Gobierno promulgó la Ley 27.797, llamada Ley Nicolás que habría sido sancionada en septiembre por el Congreso y busca establecer un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a un asistencia sanitaria de calidad y segura. Su nombre homenajea a Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 por una meningitis bacteriana tras un diagnóstico erróneo.
La norma tiene como objetivo «garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, centrada en las personas y en las comunidades, mediante la creación de un marco institucional que promueva la protocolización de los procesos de atención, la incorporación de tecnología, la reducción de daños evitables y la mejora de las condiciones laborales del personal de salud».
El texto también introduce el concepto de «cultura justa», que plantea un abordaje no punitivo ante los errores médicos, para fomentar el aprendizaje institucional y la prevención de futuros incidentes.
La ley crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Todas las instituciones de salud deberán reportar los eventos adversos o incidentes de seguridad, cuya información será tratada con confidencialidad. Este registro publicará anualmente los resultados de sus investigaciones con el fin de mejorar las prácticas médicas y prevenir nuevos casos.
También se refuerzan los controles sobre el ejercicio profesional. Las sanciones o inhabilitaciones de médicos deberán comunicarse a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), a la que podrán acceder todas las jurisdicciones: si un profesional es suspendido en una provincia, la medida regirá en todo el país.
Por otra parte, las instituciones de salud estarán obligadas a contar con protocolos de actuación, auditorías internas y mecanismos de quejas accesibles para los pacientes, sin que estos sufran represalias. También deberán garantizar condiciones de trabajo adecuadas, evitando la sobrecarga física o mental de los equipos médicos.
La ley busca, además, avanzar hacia la digitalización total de las historias clínicas: en un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán disponer de plataformas interoperables que permitan compartir información sanitaria de manera segura.
