El abogado de Cristina Kirchner presentó una denuncia por abuso de autoridad y solicitó un juicio político contra el presidente Javier Milei, tras sus declaraciones en las que afirmó haber “metido presa a Cristina”. La denuncia apunta a una presunta violación de la división de poderes y evidencia riesgos de interferencia política en la Justicia.
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, solicitó que la Justicia investigue al presidente Javier Milei por sus declaraciones públicas en las que aseguró haber influido en la detención y condena de la vicepresidenta.
En declaraciones a Radio La Torres, Dalbon señaló “Las declaraciones son de una gravedad institucional que el presidente orden poner preso a una dirigente política” ya que ningún mandatario tiene potestad para ordenar detenciones ni intervenir en fallos judiciales.
El letrado consideró que el jefe de Estado incurrió en abuso de autoridad. Delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal argentino. De este modo, se buscará que la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad sea anulada debido a la posible interferencia política en la decisión de la justicia.
La denuncia se centra en la presunta violación de la división de poderes, principio fundamental de la Constitución. “La sentencia debería ser nula. Nadie puede ser condenado por orden de un presidente, ni Cristina ni cualquier otra persona. Esto ocurre en dictaduras, no en un Estado de derecho”, afirmó Dalbón, señalando la gravedad institucional del hecho.
Dalbón también pidió que el Congreso evalúe un juicio político contra Milei, argumentando que sus declaraciones evidencian un mal desempeño en sus funciones y un uso indebido del poder para afectar la imparcialidad de la Justicia. “Es el primer presidente que reconoce públicamente la existencia del lawfare, admitiendo un juicio amañado y la intervención presidencial en la detención de Cristina”, señaló.
El abogado destacó que la Justicia debe citar a Milei a indagatoria y revisar los mecanismos institucionales para garantizar la independencia del Poder Judicial. Además, subrayó que la exposición mediática de estas declaraciones pone en evidencia la necesidad de proteger el debido proceso y los derechos de los acusados frente a presiones políticas directas.
