
El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este martes el nuevo Código Penal argentino, un proyecto integral que reemplaza al texto vigente desde 1921. En el Congreso se tratará a partir de marzo pero se sabe de antemano que contempla un endurecimiento generalizado de las penas y la eliminación de beneficios para condenados, entre otros detalles.
“Desde el Gobierno tendremos tolerancia cero: el que la hace, la paga. Queremos juicios rápidos y condenas que se cumplan en la cárcel para que los argentinos de bien puedan vivir en libertad”, afirmó Milei durante el acto en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
El proyecto eleva a 540 el número de artículos -224 más que el actual- e incorpora figuras agravadas, nuevas tipificaciones y entre los principales cambios se destacan:
•Homicidio simple: de 8-25 años pasa a 10-30 años.
•Homicidio agravado: mantiene la prisión perpetua e incorpora nuevas circunstancias, como cuando la víctima sea menor, adulto mayor, funcionario público o el crimen ocurra en lugares concurridos.
•Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.
•Lesiones por conducción imprudente: de hasta 3 años a un rango de 2-6 años, y en casos agravados hasta 6 años.
•Abuso de armas: disparar sin herir podrá alcanzar 6 años de prisión.
•Omisión de auxilio: de multa pasa a 1-6 años, y hasta 8 años si las víctimas son menores o adultos mayores.
•Injurias: de multa a 1-3 años, y en forma agravada hasta 6 años.
•Delitos vinculados a pornografía infantil: se amplían las escalas, con mínimos de 3 a 4 años y máximos de hasta 12 años para posesión con fines de distribución.
•Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
•Trata de personas: de 8 a 10 años, y en su modalidad agravada hasta 15 años.
•Amenazas: hasta 10 años en casos graves.
•Hurto y robo: el hurto pasa a 1-3 años, mientras que el robo simple con fuerza se eleva a 3-8 años, y hasta 10 años si hay violencia. Se crean figuras específicas para los robos cometidos por “motochorros” o en la vía pública.
•Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años.
•Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años, y agravada hasta 12.
•Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; contra funcionarios o fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años.
•Tenencia y portación de armas, falso testimonio y cohecho: reciben incrementos significativos y sanciones más severas para funcionarios de alto rango.
La discusión legislativa promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate político del 2026.