El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de la generación de energía nuclear en el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 695/2025 e implica la venta de parte del paquete accionario a privados, aunque con la continuidad del control estatal.
Actualmente, NASA pertenece en un 79% al Estado nacional, en un 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en un 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo esquema, el Ejecutivo dispuso que un 44% de las acciones sean ofrecidas mediante una licitación pública nacional e internacional. A su vez, se implementará un Programa de Propiedad Participada que reserva un 5% de los títulos para los trabajadores.
De esta manera, el Estado y la CNEA retendrán el 51% de las acciones, garantizando el control mayoritario de la compañía. En paralelo, ENARSA deberá transferir su 1% al Estado, y la propia Nucleoeléctrica cederá 0,01% de su participación en ENARSA.
Entre los argumentos del decreto, el Gobierno señaló que la administración estatal no ha logrado asegurar eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos. Entre ellos se destacan la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027), el avance en el almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II y la reducción del déficit fiscal.
En 2023, NASA recibió transferencias estatales por 700 millones de pesos para sostener sus inversiones. A pesar de esas asistencias, el Ejecutivo sostiene que abrir la participación al capital privado es clave para mantener competitividad y capacidad de inversión.
La empresa alcanzó en 2024 un récord histórico de generación con 10,4 millones de MWh, equivalente a un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce su desempeño técnico, pero enfatiza que es necesario un nuevo esquema de financiamiento para sostener ese nivel de producción en el futuro.
El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo los lineamientos de la Ley 23.696. La Secretaría de Trabajo evaluará la viabilidad del Programa de Propiedad Participada, y el Ejecutivo deberá informar a la Comisión Bicameral del Congreso para dar cumplimiento a los requisitos legales.
