La eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias genera un debate sobre el costo fiscal estimado en u$s1.500 millones, una suma que, de acuerdo con las estimaciones oficiales, alcanzaría para saldar la deuda de u$s1.000 millones que el Gobierno Nacional mantiene con La Rioja. Mientras un grupo de empresas exportadoras se beneficia de la medida, la provincia reclama fondos esenciales para su funcionamiento.
La decisión del Gobierno Nacional de aplicar retenciones cero a las exportaciones agropecuarias, vigente solo tres días, abrió un frente de controversia en el sector rural y dejó un sabor amargo entre productores, analistas y referentes del negocio agrícola.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, aunque breve, ha generado controversia y plantea interrogantes sobre su impacto en las finanzas provinciales. En apenas 72 horas, grandes empresas cerealeras aprovecharon la medida, completando rápidamente el cupo de exportaciones con alícuota cero, mientras que los productores deberán vender su cosecha con el descuento del 26% que volvió a regir.
cerealeras como Bunge, Louis Dreyfus, Cofco, Cargill, Viterra y Molinos registraron en tiempo récord Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) completado el cupo de u$s7.000 millones (previsto en el Decreto 682/2025), incluso antes de contar con la mercadería. Así, aseguraron exportaciones futuras con alícuota cero.
El costo fiscal de esta jugada equivale —y en algunos cálculos supera— al monto que reclama La Rioja por fondos que considera adeudados. El gobernador Ricardo Quintela denunció que la Nación retiene más de u$s1.000 millones que le corresponden a la provincia por derecho y que, desde diciembre de 2023, no se giran Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El mandatario advirtió que la falta de los fondos genera complicaciones en La Rioja ya que el Estado provincial afronta dificultades para garantizar el desarrollo de obras públicas, insumos para hospitales y mantenimiento de escuelas, entre otros.
Dirigentes rurales, economistas y productores coincidieron en que la breve ventana de retenciones cero favoreció a unos pocos exportadores, mientras el Estado resignaba recursos vitales. El economista Carlos Rodríguez, ex asesor de Javier Milei, quien criticó que el gobierno gaste más de 1.500 millones de dólares en un negocio que favoreció a unos “pocos grandes exportadores” mientras que otros sectores del campo no recibieron nada.
Otras de las voces que mostraron su malestar por la medida fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien calificó como “llamativo” que en poco tiempo las empresas hayan preparado sus declaraciones juradas.
La maniobra del Gobierno deja en evidencia una fuerte contradicción: mientras proclama priorizar el “equilibrio fiscal”, habilita beneficios millonarios para grandes grupos económicos, retrasa los pagos a las provincias y no aprueba la emergencia en discapacidad, el financiamiento a las universidades y la asistencia a comedores comunitarios.
