Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron una denuncia penal este jueves ante los tribunales federales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y otras autoridades, por lo que califican como la demora injustificada en la promulgación y puesta en vigor de la ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
¿De qué se trata la denuncia?
La acusación sostiene que, si bien ambas cámaras del Congreso votaron la ley, revocando el veto presidencial el 4 de septiembre de 2025, hasta el momento la norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial ni reglamentada, lo que impide su entrada formal en vigencia.
En el escrito judicial, los diputados acusan a Milei, Francos, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter Rubén González, de los delitos de abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Paulón y Fein destacan que el Congreso cumplió con la insistencia legislativa tras el veto, lo que según la Constitución habilita al Ejecutivo a promulgar la ley. Alegan además que no afecta la constitucionalidad establecer un plazo para que esas leyes sancionadas con mayoría especial se publiquen en el Boletín Oficial – un plazo que, en su presentación, señalan que ha sido excedido.
¿Qué exige la norma de emergencia?
La Ley 27.793 de Financiamiento de Pensiones No Contributivas por Discapacidad declaró el estado de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus principales puntos se encuentran:
– La actualización de aranceles y prestaciones para compensar la diferencia acumulada por inflación.
– Pago de adeudos a prestadores del sistema de discapacidad.
– Ajustes automáticos mensuales conforme al índice de precios al consumidor (IPC).
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dicho que, si bien el Gobierno promulgará la ley, no la aplicará hasta que se definan los recursos con los que se financiará su implementación.
Esta situación ha sido criticada por los denunciantes como una postergación que afecta a miles de personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios esenciales que esperan la puesta en práctica efectiva de lo aprobado por el Congreso.
